La mayor parte de las fracciones de la oposición en el Congreso local formaron un bloque para denunciar la pretensión del grupo parlamentario del PRI de impedir una reforma profunda en materia de transparencia, al negarse a que en la legislación en cuestión se incluya la figura de la afirmativa ficta, se amplíe el número de sujetos obligados a cumplir con la ley y se cree un organismo autónomo que vele por el cumplimiento de dichas normas, entre otros aspectos.
La posición asumida por las fracciones del PAN, del PRD, del Panal, de Convergencia y del PT es correcta y necesaria, ya que una que una de las demandas más sentidas que había al inicio de la actual Legislación local era la revisión de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que ésta se ajuste a los parámetros que en la materia existen en otras partes del país y del mundo. El proyecto del PRI va en sentido contrario; lo que se busca es hacer una serie de cambios sin mayor trascendencia.
La relevancia de que Puebla cuente con una legislación moderna en materia de transparencia es por dos factores: por ser un instrumento fundamental para combatir la corrupción y porque el estado vive en una situación de postración, ya que se tiene un atraso en la defensa de derechos fundamentales de los que se supone el Estado mexicano debe garantizar su cumplimiento.
Tal parece que los priistas del Congreso se niegan a conocer la realidad y quieren tener a Puebla en constante rezago. Su actitud no se puede entender de otra manera, ya que si permitieran que se avance en transparencia, no solamente conseguirían que la entidad camine hacia condiciones de verdadera defensa de los derechos sociales y humanos, sino que el trabajo de los integrantes del Poder Legislativo realmente sería trascendente y no de desprestigio.
