En la entrega anterior cuestionamos si el denominado Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá, constituía un cambio de estrategia o sólo de nombre, concluyendo que la sustitución implica la definición de un modelo más pragmático de atención focalizada, representando oportunidades de negocios para cada uno de los países y sectores empresariales que actúan en cada uno de ellos, de acuerdo a intereses regionales, potencialidades, organización y experiencia de los países que fungen como enlace o facilitadores.
El financiamiento que se requiere para el desarrollo de los proyectos se enlaza con la reciente creación de la Comisión de Promoción y Financiamiento, cuyos principales socios son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Cooperación Andina de Fomento (CAF).
En el caso de México, la propuesta del Ejecutivo federal es poner en marcha el Programa de Vivienda Social en Centroamérica, con recursos del Acuerdo de San José y basado en el modelo mexicano de vivienda de la última década, que tanto ha contribuido a la expansión de la industria de la construcción habitacional en el país y de los desarrolladores inmobiliarios, más cuando la crisis de la economía mexicana golpea justamente y en primer término a dicho sector. En este caso, el gobierno mexicano pondrá a disposición del Banco Centroamericano de Integración Económica 33 millones de dólares para otorgar garantías y microfinanciamientos, así como proporcionar asistencia técnica.
Reproduciendo la forma en que México y el conjunto de la región latinoamericana han operado en las últimas décadas con el financiamiento, principalmente del Banco Mundial, principal institución financiera internacional que ha destinado sus préstamos con una serie de condiciones a los gobiernos destinatarios, estableciendo compromisos específicos en materia de política económica y de formulación de políticas sociales, las cuales son fijadas conforme a un esquema donde se privilegia la función del mercado, como instancia rectora del funcionamiento de la economía.
De acuerdo con ese propósito, toda política de desarrollo habitacional desplegada por las entidades oficiales ha de estar encaminada hacia el fortalecimiento del mercado, bajo esquemas de rentabilidad y eficacia, que se traduce en la solvencia de los sectores hacia los cuales está destinado el financiamiento. Por tanto, las empresas constructoras privadas han de ser la columna vertebral sobre la que descanse el conjunto de la actividad constructora. Por consiguiente, el Estado, en todos sus niveles, debe limitarse a crear las condiciones que faciliten el funcionamiento de esas empresas privadas, con criterios de rentabilidad; es decir, negocio redondo para los desarrolladores de vivienda.
