El gobierno estatal no enviará iniciativas para enmendar o proponer una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, advirtió el secretario de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, quien dijo que la administración que encabeza el priista Mario Marín Torres considera que el tema debe ser discutido en el Congreso local.
De esa forma, el responsable de la política interior en la entidad respondió al emplazamiento que hicieron ayer mismo diputados del Partido Acción Nacional, quienes se presentaron en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo local, para entregar una carta en la que le exigen al gobernador Mario Marín Torres que formule una propuesta para mejorar la transparencia en la entidad o se pronuncie por alguno de los planteamientos conocidos.
Montero Serrano expresó: “La ley de transparencia no debe caer en un tema mediático, es un tema que se debe revisar, analizar y estudiar muy puntualmente en base a todas las iniciativas. Lo importante es contar con una reforma ajustada al carácter nacional y que se cuente en el estado de Puebla, como ya sucede en otras entidades, con una vía que sea oportuna para que los ciudadanos puedan conocer de lo que se trata y maneja en el orden público, Ejecutivo, Legislativo o del Poder Judicial”.
Durante la visita a Casa Aguayo, Eduardo Rivera Pérez, coordinador de los diputados panistas, expresó que podría haber repercusiones legales para Antonio Juárez Acevedo, presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública, mientras no presente la renuncia de su cargo.
Explicó que algunos de los cargos que se le podrían imputar al funcionario son haber mentido sobre su afiliación en el grupo político Plataforma Cuatro o, en su caso, haber usurpado un puesto en esa asociación, las cuales están penalizadas en el Código de Defensa Social del estado de Puebla.
“Los documentos son contundentes. Él mismo reconoce su firma como secretario de la agrupación política, entonces me parece que hay que decirlo muy claro: los poblanos no nos chupamos el dedo. Una argucia legal de ese tipo indudablemente también podría tener consecuencias jurídicas para él, precisamente por estar engañando o suplantando funciones o firmando documentos que no le corresponden. Él estaría, en su caso si acepta esta afirmación, falsificando documentos (...) y estaría usurpando funciones que, una conducta de este tipo, sería punible por parte del Código de Defensa Social del estado.”, explicó.
