En el encuentro, el periodista Jorge Machuca Luna, representante de México Abierto Puebla, y Taniveth Ramos Reyes, integrante de la Fundación para el Desarrollo Municipal, sostuvieron que la iniciativa ciudadana –apoyada por universidades como la Iberoamericana, o la UPAEP, el Consejo Coordinador Empresarial y la organización Ciudadanos por Municipios Transparentes– se basa en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información en México.
Dicho código, apuntaron, fue elaborado con base en una amplia consulta nacional, en la que participó la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y fue avalada por el Instituto Federal de Acceso a la Información, por lo que es una referencia obligada en cuanto a la discusión y legislación de leyes de transparencia
La iniciativa ciudadana, abundaron, contiene 115 artículos y propone, entre otras cosas, incrementar el número de sujetos obligados a proporcionar información, al grado de que todas aquellas organizaciones, partidos políticos y personas físicas y morales que reciban recursos públicos sean incluidos.
Otra propuesta es la creación del Instituto de Transparencia, el cual deberá contar con plena autonomía y estará integrado por cinco personas, de las cuales dos deben ser mujeres. En general, apuntó Machuca Luna, se cumple con el principio de máxima publicidad y que el procedimiento de acceso a la información sea simple, rápido y el ciudadanos cuente con el auxilio y orientación suficiente.
Toda petición, abundó, bajo la propuesta ciudadana deberá entregarse en ocho días –un periodo menor al considerado por la actual ley–, además de la necesidad de incluir la figura de “positiva ficta”, es decir, cuando una dependencia no ofrezca una respuesta a la solicitud de información en plazo estipulado, se tomará como una aceptación tácita a proporcionar todos los datos.
En ese sentido, apuntó que la ley debe establecer claramente las sanciones contra funcionarios que “sustraigan, destruyan u oculten información, traten con negligencia y declaren dolosamente la inexistencia de información”.
De acuerdo con Jorge Machuca y Taniveth Ramos, es necesario que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea derogada debido a que para adecuarla a la modificación constitucional aprobada por el senado y los criterios nacionales e internacionales que delimitan una norma de vanguardia, es necesario cambiar el 80 por ciento del artículado.
Durante la sesión de las comisiones unidas, también participaron los integrantes de la Redes Ciudadanas, Alejandro Beristáin y Enrique Cuadra, plantearon su propuesta de reforma en transparencia, la cual se basa en tres puntos esenciales: plena autonomía al órgano garante de vigilar la transparencia, sobre todo en presupuesto, organización y decisión; cumplir con el principio de máxima publicidad y que se incluyan sanciones a todos los funcionarios que incumplan.
