La respuesta que el gobierno federal está dando al conflicto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Puebla es la represión, pues echó a andar la maquinaria para fichar, interrogar y expulsar del organismo a aquellos trabajadores que han manifestado su malestar con la delegada de la CDI, Anahí Romero Alonso. Se dice que la orden para dicho propósito viene de la Secretaría de Gobernación (Segob) y es para mantener en el cargo a la funcionaria a como dé lugar.
Todo hace suponer que dicho respaldo proviene directamente de la subsecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda, pues para nadie es desconocido que la delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la principal colaboradora en Puebla de la panista. Por eso se entiende que desde que estalló la demanda de los trabajadores de la comisión de cambiar a la titular del organismo en el estado, existe una permanente vigilancia de los agentes del Cisen contra quienes se han sumado a las protestas.
Los trabajadores que se rebelaron contra Romero expusieron con mucha claridad sus inconformidades, que son: la delegada es ajena al tema indígena; se está removiendo al personal y cambiando las reglas de operación para que éstas se ajusten a la operatividad electoral del PAN, y se usan los fondos de la comisión a propósitos ajenos a la misma.
Lejos de que los funcionarios de alto nivel de la CDI intentaran crear una mesa de diálogo que analizara cada punto del documento que los quejosos suscribieron, se optó por la represión laboral. Este martes llegó a la sede de la comisión en Puebla un directivo del área de recursos humanos y el jefe de delegaciones; el propósito de ambos era llamar a cada integrante del organismo que no está de acuerdo con la gestión de Romero.
No solamente se les quería interrogar –en lo individual– para saber las causas de su malestar, sino también para levantarles cargos que justifiquen su remoción. Luego, uno de los objetivos de Anahí Romero al llegar a la CDI es correr al personal de confianza, que incluye a directivos y mandos intermedios, quienes son ajenos al Partido Acción Nacional.
El acoso laboral se frenó debido a que cuando apenas estaban empezando los interrogatorios, a la sede de la CDI, ubicada en la esquina de la 13 sur y 23 poniente, arribaron integrantes de agrupaciones indígenas a tomar temporalmente las instalaciones de la comisión, en apoyo a los trabajadores. Esa situación provocó que los funcionarios encargados de reprimir a los inconformes se retiraran sin dar mayor explicación.
Las cosas no terminaron ahí. Este miércoles, Anahí Romero llegó a sus oficinas a aplicar una serie de exámenes a los directores de los centros coordinadores con el pretexto de que se va a empezar a aplicar las normas del servicio civil de carrera del gobierno federal.
Esos exámenes son una nueva forma de represión, ya que para empezar los directores tienen varios años en la CDI y llegaron a ese puesto luego de escalar en un escalafón. Nadie sabe quién elaboró el contenido de las evaluaciones que ayer les estaban aplicando y lo más grave, o mejor dicho la preguntas que todos se hacían, era:
¿Y a Anahí Romero cuándo la van evaluar?, ¿ella qué calidad tiene para ser la evaluadora?, ¿ya demostró que conoce de proyectos de desarrollo indígena?
El punto de partida del malestar contra Romero es que cuando la nombraron hace un par de meses como delegada de la CDI se evidenció que era alguien ajeno al tema del desarrollo indígena.
Es más, se dice que es la fecha que mucho del personal que labora en la comisión, incluidos algunos directores de centros coordinadores, no conoce a la delegada; nunca han tenido contacto con ella.
Por eso las evaluaciones de ayer, lejos de contribuir a destrabar el conflicto de la CDI, enrarecieron más el ambiente y ampliaron la confrontación entre trabajadores y la delegada.
Hasta ahora quien lleva las de perder es la titular de la comisión en Puebla, ya que la inconformidad en su contra es de los trabajadores de la CDI, de 11 de 12 integrantes del Consejo Consultivo Indígena y se está extendiendo a varias organizaciones sociales, algunas de las cuales están dispuestas a llegar a medidas extremas, como es tomar carreteras.
300 mil votos, el fondo del conflicto
La llegada de Anahí Romero Alonso a la CDI es parte de una estrategia del PAN nacional para entrar a zonas indígenas del país.
En el caso de Puebla, la importancia de esta estrategia radica en que de los 650 mil integrantes de pueblos indios, unos 390 mil están inscritos en el padrón electoral. De esos, se estima que entre 280 y 300 mil acuden a las urnas cada vez que hay comicios. Hasta ahora la mayoría sufraga por el PRI, el PRD y en menor medida el albiazul.
Por eso era fundamental que llegara una panista a la CDI, sin importar que no supiera de indigenismo, como es el caso de Anahí Romero. El objetivo primordial es que el delegado en turno, en cada estado, ligue la realización de proyectos a la imagen del PAN.
Quien encabeza esa labor en todo el país es Xavier Abreu, quien fue candidato del PAN a gobernador de Yucatán, y luego de la derrota sufrida el año pasado frente a la priista Ivonne Ortega fue nombrado director Operativo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Dicen que la labor principal de Abreu será la de pintar de azul las zonas indígenas de México.
Pero si los métodos de los que va a echar mano el PAN son los que se están utilizando en Puebla, todo indica que está llevando una estrategia errática.
Lejos de mostrar un rostro de tolerancia y preocupación por los problemas de las comunidades indígenas, Acción Nacional está enseñando que es un partido que no comprende la realidad de los pueblos indios
