ans Magnus Enzensberger en su libro para una crítica de la ecología política nos advertía que a finales del siglo XX el cuidado del ambiente se podría convertir en un gran negocio, en donde a través de la generación de mecanismos del cuidado de la naturaleza se darían procesos de apropiación para uso y beneficio de empresas y grupos privados.
Un ejemplo de ello han sido los mecanismos instalados para la privatización del agua, en donde, a la par de la difusión en medios de comunicación sobre las ventajas del consumo del agua y el cuidado del ambiente desde una perspectiva conservacionista, se ha dado un largo proceso, de manera oculta y paulatina para su privatización por parte de autoridades y empresas, sin que hasta el momento exista un mecanismo de respuesta desde la población.
El argumento dado por las autoridades y grupos conservacionistas para la privatización del agua son diversos como la sequía de ríos, lagos y acuíferos, el cambio climático, la contaminación extrema de la mayoría de los acuíferos del centro del país, la creciente crisis fiscal y económica que han limitado la capacidad de los ayuntamientos para invertir en la generación de infraestructura y finalmente el creciente aumento de conflictos por el agua.
Las autoridades bajo este contexto han determinado que sólo con las inversiones de la iniciativa privada se podrán solucionar, y para lograrlo han generado toda una serie de adecuaciones legislativas (artículo 27 constitucional, Ley de Aguas Nacionales) y administrativas (conformación de la Comisión Nacional del Agua y creación del Registro Público de Derecho al Agua) que han permitido a corporaciones de servicios múltiples como Vivendi, Suez y Aguas de Barcelona, conjuntamente con capitales locales, irse apropiando de la captación, distribución y saneamiento del agua.
La forma más reciente que se está permitiendo en nuestro país es la intervención de la Conagua y del Ejecutivo federal con la promoción de la participación de empresas privadas en los organismos operadores a través de concesiones y contratos, a pesar de que se ha evidenciado que este modelo hasta el momento no ha solucionado los problemas estructurales de uso del agua y sí ha generado la exclusión de millones de personas al pleno goce de su derecho al agua.
Una de las mejores evidencias de la inoperancia de este modelo ha sido la creación de la empresa mixta de Simas– Saltillo con Aguas de Barcelona, pues en agosto de 2001 el cabildo de Saltillo aprobó la asociación del municipio con Aguas de Barcelona con una oferta financiera de 81.9 millones de pesos para hacerse dueña del 49 por ciento de las acciones cuando el valor de Simas era de 453 millones de pesos. A pesar de que la empresa ha establecido en foros públicos la excelencia en su servicio, la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo ha denunciado que ha sido de manera continúa objeto de mentiras y abusos por parte de la empresa
Entre las irregularidades se mencionan la falta de capacitación hacia los empleados, la dotación que se prometió al inicio fue del 100 por ciento de usuarios con servicio diario de agua al finalizar el primer año de operación; sin embargo, en 2004 este era del 67 por ciento, además que en 2006 aún no había obtenido el certificado de calidad sanitaria del agua potable expedido por la Secretaría de Salud. Si bien las memorias y boletines de la empresa señalan que el agua de Saltillo no tiene ningún problema de calidad, la que se distribuye a los usuarios no siempre cumple con los límites máximos permisibles de la NOM–127–SSA1 –1994, de acuerdo con los análisis que se realizan en el laboratorio interno del organismo operador.
Las tarifas se actualizan, según la empresa, de manera mensual de acuerdo con la tasa de inflación determinada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor; sin embargo, se han presentando aumentos por arriba de ese parámetro, de tal forma que se han aumentado los costos en más de 300 por ciento hasta el año 2006, sin posibilidades de negociación y comunicación con la empresa, pero sí con la suspensión del servicio a quienes tienen un rezago de más de dos meses. Recientemente denunciaron que la empresa en 2004 extrajo 53.2 millones de metros cúbicos de agua del subsuelo, lo cual coincide con datos de sus memorias, sin embargo sólo ha pagado a la Comisión Nacional del Agua 39.2 millones de metros cúbicos de extracción.
Por lo que consideramos que el agua no debe ser tratada como cualquier otra mercancía, ya que es esencial para la vida y la naturaleza, pues hasta el propio planeta depende de un acceso adecuado al agua para sobrevivir, por lo que debe ser considerado como un bien público con un pago adecuado por ella, por lo que es necesario rechazar esquemas en donde corporaciones privadas se apropian de ella a través de su provisión, distribución y saneamiento.
*Atoyac Zahuapan y Calidad de Vida
