Mientras diputados federales del PAN demandaron que Antonio Juárez Acevedo presente su renuncia a la presidencia de la Comisión de Acceso a la Información, Pública (CAIP), el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, José Othón Bailleres Carriles, se retractó de pedir la dimisión del funcionario y justificó que al decir que “sería lo más razonable” que el sujeto en cuestión dejara el cargo ante el escándalo que existe, no es lo mismo que pedir que se vaya.
José Othón Bailleres Carriles, en una entrevista que concedió el lunes pasado se pronunció porque Antonio Juárez Acevedo presente su renuncia a la presidencia de la Comisión de Acceso a la Información Pública. “Sería lo más razonable”, aseveró el líder de la fracción priista, luego de que se difundieron nuevos documentos que comprueban el vínculo del funcionario con Plataforma Cuatro.
Pero ayer el diputado local se desdijo y aseguró que nunca pidió la salida del presidente de la CAIP. Incluso aseveró que una cosa es que se diga que su renuncia “sería lo más razonable” y otra cosa muy distinta que haya pedido su destitución.
Por su parte, la fracción poblana del PAN en la LX Legislatura federal exigió a Antonio Juárez Acevedo presente su renuncia ante las evidencias que existen sobre su filiación a la agrupación política nacional Plataforma Cuatro. Incluso los diputados panistas anunciaron que presentarán un exhorto para pedirle al Instituto Federal Electoral (IFE) dé celeridad a la petición del Congreso del estado para que entregue toda la documentación que liga al funcionario con esa organización.
El diputado federal del PAN Arturo Flores Grande, además, criticó la iniciativa de reforma presentada por la fracción del PRI en el Congreso local, al señalar que no cumple con el principio de máxima publicidad que se establece en la modificación constitucional aprobada por el Congreso de la Unión.
Incluso, advirtió que es una obligación incluir toda la información sobre salarios y percepciones netas que reciben todos los funcionarios, así como todos aquellos rubros que impliquen la erogación de recursos públicos para el desempeño de la administración. Estas medidas, abundó, no están incluidas en la iniciativa priista, lo mismo que dotar de plena autonomía a la CAIP.
En conferencia de prensa, Guillermo Velázquez Gutiérrez reveló que, en caso de que la fracción del PRI apruebe tal y como se presentó su iniciativa de reforma, los ciudadanos tendrían la oportunidad de presentar amparos. “Puebla no continuará en la opacidad, y los ciudadanos podrán tener acceso a la información apelando a un amparo, que sería respaldado por un juez, toda vez que la ley estatal no cumpliría con lo dispuesto por la constitucional que es de mayor jerarquía”, advirtió.
