Todavía están en al aire las declaraciones cínicas y envalentonadas, primero; confusas y contradictorias, después; y finalmente atropelladas e inseguras, por parte de las autoridades municipales y de seguridad del ayuntamiento de León, respecto a la justificación del “entrenamiento especial” en técnicas de tortura, impartido (por un extranjero no identificado hasta ahora) a un grupo policial, supuestamente para combatir al crimen organizado, por lo que vale la pena retomar este asunto que no es menor y anecdótico como han querido hacerlo pasar los medios oficialistas una vez que se filtró el escándalo a la prensa, sino que son los primeros pasos para endurecer el régimen autoritario que se está instaurando en nuestro país.
A medida que la crisis social se va agudizando en todos los aspectos de la vida nacional, como medida para enfrentarla, y sobre todo para frenar el creciente descontento social, el gobierno de la derecha empresarial va ensayando subrepticiamente nuevas estrategias de control que aseguren la instauración radicalizada de su modelo económico neoliberal. Por ello, no resulta extraño que se haya descubierto que en un ayuntamiento gobernado por ese grupo, se esté capacitando explícitamente a un cuerpo policial (que teóricamente debiera velar por la seguridad de todos los ciudadanos) en prácticas de tortura condenadas en casi todas las legislaciones del llamado “mundo civilizado” por considerarse como violatorias de los derechos humanos.
Este pequeño ensayo, que con seguridad se está repitiendo de manera más discreta en muchos otros ayuntamientos de nuestro país, demuestra a todas luces hasta dónde está dispuesto a llegar el grupo que se ha adueñado del poder: se trata de imponer la seguridad del capital al precio que sea, es decir, sacrificando la vida y la integridad física de las personas que no estén de acuerdo con el modelo neoliberal impuesto.
Este hecho ha provocado una serie de reacciones indignadas, condenas y hasta disculpas de dientes para afuera, pero no se puede dejar de pensar en dos antecedentes significativos hacia los que apunta este tipo de ensayos estratégicos.
Por un lado, nos recuerda que en el marco de la “guerra contra el terrorismo” (ese nuevo enemigo inventado por la administración Bush para justificar el robo de los recursos de otros países y mantener funcionando de manera rentable su complejo industrial–militar), en el propio país que se considera a sí mismo como ejemplo de democracia y de respeto a los derechos civiles, se hayan implementado medidas de excepción que a pesar de los eufemismos legales, de facto autorizan el uso de la tortura y de la aplicación de medidas de excepción, violatorias de los derechos humanos más elementales; los ejemplos de Abu–Garib y de las cárceles secretas, como la de Guantánamo, son elocuentes al respecto: en la guerra todo se vale, incluso pisotear los principios en nombre de los cuales se justificó esa guerra.
El otro caso que viene a la mente, son las atroces prácticas que recientemente se han revelado respecto a las torturas y las estrategias de terror que los grupos paramilitares de derecha (financiados por los terratenientes y los empresarios) de Colombia, han aplicado contra la población civil rural para que no colabore ni apoye a los grupos insurgentes. Entre esas prácticas reveladas por los mismos paramilitares destacan, por ejemplo, las pruebas iniciáticas que deben pasar los integrantes de tales grupos, como la de descuartizar a machete a personas vivas, inocentes y capturadas al azar para demostrar su valor, su insensibilidad y su total desprecio a la vida del ser humano.
Desde cualquier ángulo que se le quiera ver, la violencia y la tortura no tienen justificación alguna: ni como práctica para “afrontar situaciones extremas” por parte de los cuerpos policiales, ni como estrategia de combate al “crimen organizado” (nuestro enemigo doméstico), ni como amenaza disuasiva de la inconformidad social, aunque la Coparmex sostenga que se tiene que garantizar la seguridad (del capital) “al precio que sea”, es decir, a costa de la integridad física y la vida de las personas.
La violencia y la tortura deben ser rechazadas y condenadas por parte de la sociedad civil, vengan de donde vengan, y no pueden aceptarse como válidas en contra de los enemigos reales o ficticios, porque de aceptarse, o por lo menos ignorarlas y no condenarlas, nos estaríamos poniendo en sus manos, tal como nos lo confió Bertold Brech en su pequeño relato que dice que cuando el nazismo subió al poder en Alemania, se fue sobre los comunistas y él como ciudadano no hizo nada, no condenó la violencia; después se fue sobre los judíos y tampoco dijo nada, volvió a consentir la violencia; y finalmente se fue en contra de él, un ciudadano, y para entonces ya no había nadie que lo defendiera.
