Un grupo mayoritario de regidores y el síndico de Izúcar de Matamoros solicitaron al Congreso que el edil interino de ese municipio, Arturo Herrera Velázquez, sea destituido luego de acusarlo de ser responsable de anomalías financieras y de no contar con proyectos de obra pública.
Los integrantes del cabildo que decidieron pedir la remoción del alcalde quizá tengan elementos para sustentar sus acusaciones, mismas que deben ser investigadas. Sin embargo, el fondo del conflicto no son solamente las presuntas faltas cometidas por el presidente municipal, sino una lucha de poder entre las dos facciones en que se dividió el ayuntamiento luego de la caída del edil Rubén Gil Campos, quien está detenido en Estados Unidos acusado de traficar con cocaína.
La parte responsable de que en Izúcar de Matamoros se viva una crisis de gobernabilidad es la fracción del PRI en el Congreso local, que sin ningún argumento válido se negó desde la detención de Gil a desconocer a éste como alcalde, pese a la gravedad de las acusaciones que pesan en su contra en una corte de Nueva York y a estar privado de su libertad.
Los legisladores priistas están actuando con criterios de orden político y se están apartando de su responsabilidad jurídica, que es velar porque en todos los municipios del estado prevalezca la legalidad y estabilidad. En el asunto de Gil, había razones sólidas para quitarlo del cargo y nombrar en su lugar un concejo municipal que evitara un vacío de poder.
Sería un grave error que el Congreso y la Secretaría de Gobernación estatal opten como única vía de solución al conflicto entregar el poder al grupo que ayer desconoció al edil suplente. Eso llevaría sólo a prolongar el enfrentamiento que existe entre dos bandos de priistas. Lo que se necesita es la designación de una autoridad municipal que sea neutral y frene la confrontación política.
