Este jueves, el gobernador Héctor Ortiz Ortiz dio un “ultimátum” a los transportistas para evitar que siguieran perjudicando a los automovilistas que transitan por esa vía, aunque admitió que la resolución del conflicto es de competencia federal.
“Di instrucciones para que los granaderos estuvieran (en la carretera) y de ser necesario se pidiera el auxilio del Ejército. No se vale que por una petición, por muy justa que sea, se lesione a la gente que tiene necesidad de llegar a tiempo a su trabajo o peor que tenga alguna emergencia de salud”, aseveró Ortiz Ortiz.
Por su parte, Manuel Viveros Romero, delegado estatal de la AMOTAC, adelantó que el gobierno federal otorgó una prórroga de un mes para que las unidades que sean modelo anteriores a 1990 sigan circulando en las carreteras federales, por lo que suspendieron el cierre de la vía TlaxcalaApizaco que estaba programado de 9 a 15 horas de este jueves, lo mismo que la marcha hacia San Martín Texmelucan.
Entrevistado al término de la reunión con Sergio González en Palacio de Gobierno, la cual duró más de una hora, Viveros Romero advirtió que en caso de que no se respeten los acuerdos, los transportistas continuarán con sus manifestaciones, pero consideró que existe disposición de los gobiernos federal y estatal para atender sus demandas.
Añadió que el secretario de Gobierno les garantizó que no habrá acciones penales en su contra, además comprometió a la administración estatal para fungir como aval ante empresas privadas para gestionar financiamiento que les permita renovar las unidades “chatarra” que ya no están en condiciones de circular por las vías federales.
Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de ataques a la vías de comunicación federales en contra de quien o quienes resulten responsables bajo el expediente AP PGR/TLAX–3/221/2008.
Además la empresa Fomento Económico Mexicano también interpuso una querella por el secuestro de vías de comunicación, con el argumento de que el cierre de las carreteras afectó económicamente la entrada y salida de trabajadores y mercancías el martes y miércoles pasados.
Ante ello, Viveros Romero confió en que las autoridades respeten los acuerdos y no sean amedrentados posteriormente, ya que el movimiento a nivel nacional “tiene sentido de causa”.
De paso, resaltó que para renovar las unidades que sean modelos anteriores a 1990, los transportistas requieren de 1 millón de pesos y para adquirir una nueva tendría que gastar hasta 5 millones de pesos.
Consideró que las pérdidas económicas no sólo fueron de parte de empresas y trabajadores, sino que los transportistas también dejaron de laborar y cada uno de ellos dejó de percibir entre 4 y 5 mil pesos a la semana.
Por otro lado, es de mencionar que la mañana de ayer también acudieron a Palacio de Gobierno integrantes de la Organización Central Campesina Cardenista en demanda de que se agilicen los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la carretera Zacatelco–Papalotla, porque se ha prolongado por más de seis meses y eso provoca pérdidas económicas a los comercios de la zona.
