Sólo el 12 por ciento de los alumnos de Derecho en el país está inscrito en un programa de calidad, en tanto que más de la mitad de ellos asiste a instituciones particulares, reveló el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, quien abundó que uno de cada 10 jóvenes inscritos en el nivel superior se prepara para ser abogado.
Además, refirió que anualmente egresan 50 mil jóvenes de esta carrera y que en todo el país existen más de mil 700 programas educativos repartidos en todos los estados de la República, por lo que “no es tarea menor su graduación y certificación”, pues adicionalmente la carrera de derecho es de las que más solicitan en el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), ya que a la fecha la SEP ha recibido 110 solicitudes, aunque sólo se han otorgado 31 registros”.
Tuirán Gutiérrez estuvo en la entidad para participar en la ceremonia de inauguración del XIX Congreso de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Derecho (Anfade), que tuvo lugar este día en la capital y de la cual es sede la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).
El funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal subrayó la necesidad de evitar la proliferación de las escuelas “patito”, pues recordó que recientemente esa dependencia retiró el RVOE a 501 instituciones de educación media superior por incumplir con los requisitos de calidad.
Ese comentario fue una respuesta a una petición que hizo el presidente de la Anfade, Máximo Carvajal Contreras, en el sentido de que en el país operan muchos planteles que ofrecen la carrera de derecho, sin contar con los recursos ni la infraestructura necesaria para el servicio educativo.
La Anfade, expuso, ampara a 170 instituciones de calidad, pero “hay unas 600 que denigran a la educación y que han defraudado a sus alumnos al prepararlos en la abogacía en dos años y medio o tres, solamente con clases los sábados y domingos y en una cochera. Ahí se preparan a esos pseudoabogados”.
Máximo Carvajal abundó que desde hace ocho años presentaron al entonces titular de la SEP, Reyes Tamez Guerra, una propuesta de solución, pero de ese año a la fecha no se ha hecho nada para evitar la proliferación de las escuelas “patito. No es un asunto exclusivo de la SEP federal, también tienen que ver las secretarías de Educación Pública estatales, por eso le pedimos que informe a Josefina Vázquez (actual secretaria del ramo federal) sobre esta situación”.
En respuesta, Rodolfo Tuirán refirió que entre los años 2003 y 2007, la SEP realizó una verificación a más de 8 mil programas de estudio, de los cuales fueron sancionados cerca de 2 mil 300 por incumplir con los requisitos de operación y les fue retirado el RVOE a más de 200 instituciones por diversas causas.
Observó que hasta la fecha la expedición de registros de funcionamiento de escuelas particulares es un procedimiento que lo pueden hacer de manera independiente tanto las dependencias del ramo en las entidades como la misma Federación.
De ahí que recordó que hace aproximadamente siete meses en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se firmó un convenio para que, en primer lugar, “nos reconociéramos mutuamente con esa facultad, para que nos comunicáramos de manera directa lo que estamos haciendo cada uno y ver qué tipo de registros se han expedido en el pasado reciente”.
Otros propósitos de ese acuerdo de caracter nacional es coordinar y modernizar los procesos asociados a la expedición y otorgamiento de esos documentos.
Tuirán Gutiérrez adelantó que como primer resultado de ese convenio, el próximo 18 de julio se pondrá en marcha un sistema de información en línea alimentado por los gobiernos estatales y la Federación sobre qué escuelas tienen RVOE.
Asimismo, en unos 15 días publicarán en la página web de la SEP las instituciones que no tienen RVOE y sobre las inspecciones que han hecho a esos planteles, el tipo de sanciones que se aplicaron a las escuelas que no cumplieron con las normas y si son reincidentes en esa falta para que los usuarios puedan orientarse en su elección de alguna escuela para prepararse.
Si bien consideró que con estas medidas la SEP busca frenar la proliferación de escuelas “patito”, el funcionario asentó que es necesario aplicar otras estrategias como “hacer reformas profundas a la Ley General de Educación, pues como está actualmente la evaluación no es obligatoria, sino voluntaria y esa práctica debe ser por norma”.
Ante ello, el funcionario pidió a los integrantes de la Anfade que ayuden a impulsar adecuaciones a esa normatividad.
Previamente, en entrevista, señaló que fueron aproximadamente 50 mil alumnos los afectados por la cancelación del RVOE a 501 escuelas de bachillerato, pero “lo que haríamos para ayudarlos es una distribución de esos jóvenes entre los planteles que los quieran aceptar”.
Otra medida es que acrediten sus conocimientos a través de un examen que está identificado en el acuerdo secretarial 286.
Por su parte, el gobernador Héctor Ortiz Ortiz aseguró que para erradicar la operación de “escuelas patito” en Tlaxcala, se tienen que mejorar los sistemas de evaluación y sobre todo certificar las carreras, lo que permitirá que los egresados sean garantía de profesionalismo.
“Necesitamos mejorar los sistemas de evaluación. Estamos en un proceso donde será necesario certificarse y acreditarse por los niveles de capacitación, no bastará un título expedido, sino demostrar ante ciertos organismos evaluadores que se tiene la capacitación para desempeñar una profesión, como se hace actualmente con la certificación de los médicos”.
