El diputado local del Partido del Trabajo (PT) José Manuel Pérez Vega presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Mario Marín Torres a que informe al Congreso del estado la concesión de asignó sin licitación pública al grupo español OHL, pues representa una violación a la Constitución local.
Durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo, Pérez Vega apuntó la necesidad de conocer las condiciones en que se asignó dicho contrato debido a que “las negociaciones” realizadas por el Ejecutivo local no cumplen “los principios de eficacia, imparcialidad, eficiencia ni honradez; ni están sustentados los motivos de excepción que obligaron a ignorar la constitución y las leyes locales”.
En tribuna, irónico afirmó: “Preguntaría si también con estas acciones contra economía de los poblanos, ciertos personales le seguirían confiando las llaves de su casa al gobernador para que asigne obras a empresas extranjeras, no asigne obras públicas en forma transparente ni genere condiciones para que los constructores locales demuestren que también tienen capacidad para entrarle a estas obras, más parece malinchista que juarista (sic)”.
José Manuel Pérez Vega asentó en su punto de acuerdo que existen varias preguntas por contesta de parte de Marín Torres: ¿cuáles fueron los fundamentos y motivos legales para no realizar una licitación pública?, ¿cuáles fueron los términos en que el gobernador negoció la concesión, quiénes intervinieron, dónde está el contrato?, ¿bajo qué condiciones el consorcio español aceptó realizar una obra de la que no se han adquirido los terrenos en donde se pretende construir?
Agregó: ¿cuáles son los sustentos documentales (sic) que garantizan que el consorcio español tiene la capacidad financiera, material, técnica, humana y legal para trabajar en el país y para cumplir con las leyes para la realización de obras públicas?, ¿cómo se determinará el monto de las cuotas y peajes que los usuarios deberán pagar utilizar la magna vía?, ¿cómo obligarán a vender a los particulares sus bienes, puesto que no quieren utilizar el esquema de expropiación y si utilizarán las estrategias del difundo Plan Puebla Panamá?
Por otra parte, en la sesión ordinaria el PRI aprobó por mayoría la cuenta pública de Industrial de Abasto de Puebla (rastro municipal). Sin embargo, el diputado local del PAN Manuel Janeiro advirtió que el dictamen del Órgano de Fiscalización Superior se reconoce una deuda de 1.3 millones del organismo, cuando el cabildo encabezado por Enrique Doger Guerrero informó que los pasivos ascendían a 25 millones, por lo que se preguntó quién ocultó es información: el auditor, Industrial o el ayuntamiento.
