La iniciativa, no obstante, fue bien recibida por todas las fracciones parlamentarias, quienes la calificaron como una propuesta de vanguardia y aplaudieron la participación ciudadana en este tema. Incluso, el diputado local del PRD Melitón Lozano Pérez propuso al pleno del Congreso que los ciudadanos expertos en el tema participen en las discusiones en comisiones y supervisen el trabajo de los legisladores.
El perredista, además, presentó la iniciativa de su fracción, la cual prácticamente coincide en todos sus términos con la propuesta ciudadana, pues también exige la derogación de la actual ley para dar paso una nueva legislación en la materia e incluye los principales conceptos esgrimidos por los investigadores.
Por su parte, la fracción del Partido Nueva Alianza presentó también su iniciativa de ley de transparencia, que propone sólo una modificación a la norma vigente, aunque plantea la creación de un instituto autónomo encargado de garantizar el acceso a la información, que esté integrado por cinco comisionados.
Sin embargo, la propuesta de Nueva Alianza, que fue presentada por el diputado local Gustavo Espinosa Vázquez, causó escozor en el legislador del PRI Enrique Marín –hermano del Ejecutivo local–, quien tildó a su homólogo de “charlatán”, pues ahora que es legislador se ufana de hablar de transparencia y acceso a la información, pero cuando fungió como secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación actuó con total opacidad.
La alusión fue respondida con precisión por el aliancista, quien reviró que en Puebla existen ciudadanos a los que sólo “les interesa seguir disfrutando de los privilegios del nepotismo, el influyentismo y la opacidad”.
Ciudadanos en lucha
Durante la sesión ordinaria del Congreso del estado se presentó un grupo de ciudadanos para dar a conocer su propuesta de reforma en transparencia, entre los que se encontraban la directora de la licenciatura de periodismo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Lilia Vélez Iglesias; el académico de la Universidad Iberoamericana Puebla José Ojeda; el presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco; el representante de la organización México Abierto Puebla, Jorge Machuca Luna; la dirigente de la Fundación para el Desarrollo Municipal, Tanivet Ramo, así como integrantes de Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).
Allí, Lilia Vélez explicó que la ley estatal en la materia está a tal grado rezagada que para adecuarla a las recomendaciones nacional e internacionales es necesario modificarla en un 80 por ciento de su contenido, por eso se requiere una nueva norma.
Las iniciativas del PRI y del PAN, agregó, sólo proponen una modificación y quedaría una “ley parchada”. Para dar un salto cualitativo y tener una norma de avanzada se requiere que incluya los aspectos que recomiendan el Código de Buenas Prácticas de gobierno y hasta la legislación recién aprobada en Oaxaca, que es de vanguardia.
“A todos sorprendió Oaxaca y que sea Ulises Ruiz el que la haya propuesto y encabezado. En la propuesta (ciudadana) que tenemos recoge todo esto y decimos: ‘Saquemos a Puebla de este vergonzoso penúltimo lugar (que ocupa en el país respecto a los indicadores de transparencia)”, abundó.
Así pues, expuso, proponemos que se abrogue la actual ley y se apruebe una nueva. “Lo que hicieron el PAN y PRI fue presentar propuestas de modificación. Nosotros decimos no a las modificaciones porque la ley (estatal) es tan mala y tiene tantos problemas que sólo vamos a parchar y quedará algo que no va a funcionar”.
Vélez Iglesias apuntó que los principales puntos que debe incluir esta nueva normatividad es que todos aquellos entes que reciban recursos públicos, sean organizaciones ciudadanas, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales, deben ser sujetos obligados en la ley.
También, continuó, la ley debe facilitar el camino para el ciudadano. La ley actual tiene muchas barreras y candados que hacen pesado el camino y terminan por desalentar la participación de la gente. Hay opciones como la “afirmativa ficta”, que pondrá fin a un “hoyo negro” y vicio de la norma como la actitud asumida por las dependencias de no responder a las peticiones de información que reciben.
Actualmente, dijo, la Comisión de Acceso a la Información Pública ni siquiera sabe cuántas de las peticiones de información son respondidas, y la mayoría de los casos de las dependencias que no responden a las solicitudes es turnada a la Fiscalía Anticorrupción o la Secretaría de Finanzas y Administración, sin que se sepa qué ocurre al final.
Otro punto, refirió Lilia Vélez, es dotar de una plena autonomía al órgano garante del acceso a la información, que actualmente es la CAIP, pues es el único organismo en todo el país que no tiene esa facultad. Esta instancia, además, tendría la obligación de subsanar los errores que los ciudadanos cometan en la presentación de los recursos de revisión que se dio a conocer ante la negativa de una dependencia.
“Lo que pretendemos es que se abra la información, pero no sólo los casos de corrupción, sino información que le sirva a la gente. Decimos: ‘faciliten el camino y denle información a la gente para que pueda vivir mejor”.
Al ser interrogada sobre la confianza que tiene de que la mayoría del PRI en el Congreso apruebe una reforma a fondo, Lilia Vélez subrayó que en los encuentros sostenidos con legisladores de ese partido encontraron una respuesta positiva.
“Hay que reconocer que tiene mayoría y podrían no tomar esa decisión, pero los diputados deben estar conscientes de que están mandando un mensaje a la sociedad: queremos que se avance en el tema, que haya mayor transparencia, o la pregunta sería: ¿si no quieres eso, por qué razón no quieres ampliar la transparencia?
Continuó: “Cada vez más, la transparencia será fundamental para acceder a recursos de instancias nacionales e internacionales; el tema de la corrupción en México es gravísimo, y lo que están haciendo los organismos internacionales es poner estas medidas de transparencia como un requisito fundamental otorgar los apoyos”.
En tanto, Luis Mora Velasco aseveró que desde su punto de vista, el PRI no tiene la voluntad de impulsar una reforma a fondo en transparencia, y hay ejemplos claros: su iniciativa de ley al respecto es “mínima” y “light”, y por otro lado, llevan meses en el proceso para sancionar al presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, quien habría violado la ley al respecto tras descubrirse que hasta agosto de 2007 era secretario general de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.
La opinión de los legisladores
Fue en el punto de asuntos generales cuando los legisladores de las diferentes fracciones políticas hicieron un amplio reconocimiento a la propuesta ciudadana presentada ayer. Melitón Lozano afirmó que “nos encontramos ante un documento de vanguardia, propositivo y actual que garantizar un pleno acceso a la información, por lo que es necesario apoyarlo en todos sus términos”.
También propuso que en los trabajos en comisiones para discutir la reforma se incluya a los especialistas que diseñaron la propuesta ciudadana a fin de que supervisen el proceso legislativo y aporten sus conocimientos.
En el mismo sentido, el diputado local del Partido Acción Nacional José Manuel Janeiro Fernández mostró su beneplácito por la iniciativa ciudadana, y dijo que se trata de un hecho inédito y novedoso. Se sumó a la propuesta del perredista para que dicho grupo de personas sea incluido en los trabajos.
Luis Alberto Arriaga Lila, vocero de la fracción del PRI, tomó la palabra para defender la postura asumida por su partido. Reconoció que su iniciativa se constriñe a modificar la constitución para incluir las siete fracciones que se aprobaron en la reforma realizada por el Senado. “Nos preguntan: ¿por qué no más? Bueno, yo no he escuchado a nadie de mis compañeros decir no a la discusión de otros temas u otros puntos de vista”, atajó.
Informó que su fracción sí ha tenido contacto con los ciudadanos que elaboraron la propuesta y mostró una carta que les enviaron, en la que les agradecen las sugerencias y se comprometen a analizarla y discutirla.
Pero, advirtió que para los priistas sólo existe un “plazo faltal” que se cumple el 20 de julio, cuando se debe aprobar la reforma constitucional, por lo que dejó entrever que la discusión para reformar la ley de transparencia o impulsar una reforma integral podría alargarse.
