Un grupo numeroso de trabajadores sindicalizados de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tomó las instalaciones de este organismo en exigencia de que sea destituida la delegada Anahí Romero Alonso, a quien acusan de haber realizado cambios en las reglas de operación de varios programas con el propósito de que la CDI se convierta en un centro de operación electoral a favor del PAN.
Este conflicto, junto con problemas similares que enfrentó por igual Anahí Romero Alonso en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hace poco más de un mes, pone en evidencia dos aspectos reprobables, que son una confrontación entre grupos del PAN que está usando el aparato del gobierno federal para disputarse el control de programas, presupuestos y cargos públicos. En el caso de la CDI y la Sedesol, existe un choque de intereses entre las corrientes comandadas por senador Rafael Moreno Valle y la subsecretaria de Gobernación, Ana Teresa Aranda.
Un segundo aspecto es que Acción Nacional está empleando de manera abierta y sin límites fondos públicos para empezar a sesgar los programas federales a favor del PAN, y esto le aporte votos a dicho partido en los comicios de 2009 con los que habrá de renovarse la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Dicha situación muestra, una vez más, que el PAN no ha resultado una alternativa de cambio, ya que el partido está recurriendo a viejas prácticas de condicionamiento de beneficios gubernamentales y utilización del erario para ganar votos. Estas anomalías antes eran exclusivas del PRI y eran combatidas por el albiazul, pero ahora parece que el panismo no solamente las reproduce, sino que las volvió parte fundamental de su forma de hacer política.
