En días pasados fuimos informados de la sustitución del Plan Puebla Panamá por el denominado Proyecto Mesoamérica, un proyecto de integración y desarrollo definido como un espacio político que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración de nueve países –Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Panamá– , facilitando la gestión y ejecución de proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
Según los antecedentes del Plan Puebla Panamá, que pueden encontrarse en el portal oficial, hace siete años la prioridad fue fortalecer la infraestructura y conectividad de la región, y a partir de ahora, de acuerdo con esa misma fuente, corresponde consolidar esos proyectos y profundizar en los complementos de la integración, abordando nuevos desafíos que justifiquen la acción regional.
Las ocho iniciativas que considerada el Plan Puebla Panamá desde 2001, donde cada una de ellas estaba bajo la responsabilidad de un país, se sustituye por un “modelo más pragmático de atención focalizada de proyectos”, donde la conducción de programas y proyectos específicos se realiza tomando en consideración los intereses regionales, las potencialidades, la organización y experiencia de los países que fungen como enlace y facilitador de los mismos, aprovechando seguramente las oportunidades de negocios.
En relación a la incorporación de nuevas instancias o figuras de dirección, destaca el Consejo Asesor, a través del cual se busca la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales, estableciendo “un esquema flexible que permite su integración en función de las necesidades de cada proyecto o área temática”. En principio se integra por los comisionados presidenciales, los ministros sectoriales, los miembros de las comisiones técnicas regionales, y en su caso, por representantes de los sectores privado, académico y de la sociedad civil, de acuerdo con la temática objeto de su convocatoria.
Por otra parte, se definieron las atribuciones que tienen las oficinas nacionales como órganos de coordinación de cada país, encargadas del seguimiento en la ejecución de los proyectos en la esfera local y de establecer la coordinación necesaria con los Ministerios de Hacienda o Finanzas para asegurar la programación de recursos públicos en los presupuestos nacionales que permitan cumplir con los compromisos regionales acordados en el marco del Proyecto Mesoamérica.
Como complemento, se incorporaron a este proyecto, los enlaces de los Ministerios de Hacienda y Finanzas y se definieron las actividades de apoyo que se requieren para asegurar un acompañamiento adecuado en la programación y gestión de recursos –a nivel nacional– para la ejecución de los proyectos regionales.
En el caso de México, la propuesta del Ejecutivo federal es poner en marcha el Programa de Vivienda Social en Centroamérica, con recursos del Acuerdo de San José y basado en el modelo mexicano de vivienda de la última década, que tanto ha contribuido al fortalecimiento de la industria de la construcción en el país y de los desarrolladores inmobiliarios. En este caso, el gobierno mexicano pondrá a disposición del Banco Centroamericano de Integración Económica 33 millones de dólares para otorgar garantía y microfinanciamientos, así como proporcionar asistencia técnica.
