Luego de presentar su iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el coordinador de la fracción del Partido Nueva Alianza en el Congreso del estado, Gustavo Espinosa Vázquez, denunció que el Partido Revolucionario Institucional puso en marcha una estrategia de simulación para hacer creer a la opinión pública que impulsa una modificación integral en el tema, pero al final aprobarán una propuesta mínima.
Es más, el diputado local afirmó que dicha estrategia es conocida y se requiere por lo menos a cinco actores diferentes. Así pues, el Partido Revolucionario Institucional se valdrá de diferentes personas para difundir que apoyan una reforma integral, aunque en los hechos la fracción mayoritaria del Congreso del estado aprobará la misma iniciativa que presentó y que no aborda ni la autonomía de la Comisión de Acceso a la Información Pública ni incrementar los sujetos obligados a proporcionar información.
Al ser interrogado sobre el dirigente estatal del tricolor, Alejandro Armenta, quien el pasado martes pidió a su fracción modificar su iniciativa de ley para incluir a los partidos políticos como sujetos obligados, acotó irónico: “Nadie puede creer la simulación de Armenta... no perdamos el punto de vista; es una simulación”.
En cuanto a la iniciativa del Panal, Espinosa Vázquez y su homólogo Pablo Contreras explicaron que la propuesta propone ir más allá de los mínimos requeridos por la reforma al artículo sexto constitucional, de ahí que gira en cinco ejes: garantizar el acceso pleno a la información, transparentar la gestión pública, protección a datos personales, rendición de cuentas y contribuir a la democratización del estado.
Las principales atribuciones de la iniciativa son la creación de un Instituto Poblano de Transparencia y Acceso a la Información que cuente con autonomía plena –presupuestal, operación y decisión– y esté integrado por cinco comisionados, quienes serán electos por las dos terceras partes del Congreso local y durarían en su cargo un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.
También incluye incrementar el número de sujetos obligados a proporcionar información, como son los partidos políticos, organismos descentralizados y desconcentrados, universidades públicas y todas las instituciones, personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos.
Dicha iniciativa considera un capítulo sobre “prueba de daño” a través del cual pretende dar cumplimiento al principio de máxima publicidad, pues el sujeto obligado debe probar fehacientemente y de manera objetiva el daño del interés público generado por la difusión de una información.
