En días pasados, la Secretaría de Educación Pública federal revocó el Registro de Validez Oficial de Estudios (Revoe) de más de 550 bachilleratos técnicos en el país. Este miércoles trascendido que para el caso de Puebla por lo menos resultan afectados negativamente unos 3 mil estudiantes por esa situación, a quienes se les validarán los últimos cursos tomados, pero si el próximo ciclo no cambian de escuela corren el riesgo de que se les anule su matricula.
Esta medida debe aplaudirse, y aunque parezca exclusivamente del ámbito federal, el problema de fondo de lo que pasa con estas escuelas –llamadas peyorativamente patito– en el caso de Puebla no se está atendiendo.
Mientras a nivel federal ya se están tomando medidas contra escuelas privadas de mala calidad, sobre todo del nivel medio superior y superior, en Puebla no ocurre lo mismo. En las semanas previas al inicio de cada ciclo escolar es común ver cómo aparecen nuevos centros de estudios o los ya existentes despliegan importantes campañas publicitarias para aumentar su matrícula. Eso ocurre sin que la autoridad garantice que en dichos lugares se impartirá una educación de calidad y que al final los alumnos no resultarán defraudados.
Una parte importante de las instituciones de educación superior y media superior de Puebla que son privadas nació bajo el amparo de la SEP, ya que sus propietarios fueron funcionarios de esa dependencia o son políticos; por esa razón, no ha existido ni la voluntad ni la capacidad de obligar a dichas escuelas a que ofrezcan una enseñanza de calidad.
