La transparencia en la gestión pública y el establecimiento de mecanismos para acceder a información que se encuentra en organismos y dependencias del Estado forma parte de los requisitos indispensables para avanzar en la consolidación de un régimen democrático en la entidad y en el país todo o dicho de otra manera: no hay democracia posible si las y los ciudadanos carecen de herramientas para saber qué y cómo trabajan sus gobierno y si éstos no “rinden cuentas” a los electores de sus decisiones y acciones.

La larga lucha por enterrar el viejo régimen autoritario ha pasado sin duda por diversas etapas: el reconocimiento de la pluralidad; la construcción de un mejor sistema electoral; el respeto de las libertades de pensamiento, expresión, prensa, asociación, son sólo algunas de las demandas que organizaciones, partidos y grupos civiles han abanderado en esas distintas épocas de la reciente historia del país.  Los avances son desiguales y las resistencias de quienes detentan el poder numerosas.

En este contexto los esfuerzos de la sociedad civil para abonar al desmantelamiento del viejo sistema, deben multiplicarse. La iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado que un grupo de organizaciones agrupadas en Ciudadanos por Municipios Transparentes ha presentado al Congreso pretende contribuir en la promoción de un marco jurídico que siente las bases para que esta garantía constitucional pueda empezar a respetarse en Puebla.

El diagnóstico es claro: Puebla tiene uno de las más rezagadas leyes de la materia que hay en México. La cultura de la opacidad priva en la mayor parte de las dependencias y organismos catalogados como sujetos obligados. El órgano garante –la CAIP carece de autonomía plena y de herramientas jurídicas adecuadas para cumplir con su propósito de velar porque las y los poblanos podamos acceder a datos que por definición son nuestros.

Hay que decirlo: la ley es sólo el principio, hay que enfrentar otros obstáculos, tales como la cultura antidemocrática que aún priva en muchas y muchos dentro y fuera del poder; la falta de promoción e información sobre este derecho fundamental, por citar sólo dos de muchos; no obstante, una ley que recoja las mejores prácticas y mecanismos puede contribuir y mucho a empezar a cambiar la situación.

Las y los diputados de la Quincuagésimo Séptima Legislatura deberán aprobar a más tardar el 17 de julio el nuevo marco jurídico de la materia. Su decisión se convertirá en un claro mensaje a la sociedad: una mejor legislación significará que hay voluntad para transparentar la gestión pública; una legislación que no incorpore temas fundamentales para mejorar la actual ley, representará un claro indicador de que no hay voluntad para informar a los ciudadanos acerca de las decisiones que se toman, acerca de las acciones y programas que se llevan a cabo y, sobre todo, que no se quiere disminuir las posibilidades de que se presente la corrupción y la ineficacia gubernamentales.

La transparencia y el acceso a la información son un tema que pasó desapercibido durante mucho tiempo, y que hoy se resiste a estar en la agenda local, a ciudadanizarse y, más aun, se resiste a que pueda abrirse el tema a discusión.

El 20 de julio es la fecha límite para que a nivel nacional todas las entidades federativas de nuestro país homologuen sus leyes de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo con el piso mínimo reflejado en principios y bases operativas que mandata el artículo sexto constitucional.

Varios estados ya han hecho lo propio y ya cuentan con nuevas leyes de transparencia, no sólo los estados del norte, también estados del sur como Oaxaca y Veracruz hoy tienen leyes de transparencia de avanzada. Lo interesante de éstas leyes estatales de transparencia radica en que lograron hacer converger a los principales actores políticos, es decir, Ulises Ruiz por un lado y Fidel Herrera por el otro fueron quienes se apropiaron de la demanda ciudadana local y nacional, la hicieron suya y junto con los diputados locales dieron un paso muy trascendente.

Pero por qué hablar de transparencia, por qué referirnos a este tema y relacionarlo directamente con la democracia. Un sistema no sería democrático si descansara sobre mecanismos de intervención opacos o inaccesibles, ausencia de elecciones libres, falta de control sobre las autoridades delegadas, secreto en las deliberaciones, o restricción o reserva de la información, de esta manera, se afirma que la transparencia y acceso a la información son elementos indispensables para poder alcanzar un sistema de gobierno democrático.

A partir de todo esto, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, periodistas, académicos, estudiantes y demás ciudadanos que han hecho suyos los principios de la transparencia presentaron  el día de ayer una propuesta ciudadana de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Puebla.

Los alcances de esta propuesta son muchos y de las propuestas más innovadoras tenemos:

*Sujetos obligados: todas aquellas personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos estatales ó municipales, cualquiera de que se trate.

*Información pública de oficio.

*Información de acceso restringido: considera la figura denominada prueba de daño que es la obligación de demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley, y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información, es mayor al interés de conocerla.

*Propone la creación de un Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado que sea  autónomo, independiente en su operación y decisiones, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

*Establece expresamente la afirmativa ficta.

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