Entrevistada por La Jornada de Oriente, la funcionaria señaló que en todos y cada uno de los departamentos de la Comuna encontraron “cosas raras”. “De entre las principales destacan por ejemplo, que hay un control de inventarios del sistema contable gubernamental no empleado por el pasado gobierno y, en consecuencia, en el momento de comparar datos, nada, pero absolutamente nada coincide. En el momento de comparecer, los ex funcionarios argumentaron que todo estaba bien y permitido, cuando en realidad no ocurrió así”.
Otro de los aspectos, añadió, es con las facturas. “Aunque estuvieron dentro de los plazos y marcos legales, muchos de los pagos hechos al final del mandato anterior no tienen explicaciones y justificantes. Hablamos de dos facturas de 316 mil pesos entregadas en enero y mayo de 2007 al grupo Vigraci por un concepto determinado como ‘Actualización de Inventarios’, y entonces aquí surge una pregunta: ¿Por qué el inventario salió muy mal?”.
Martínez Hernández hizo énfasis en otra factura: “pagada el 5 de febrero de 2008 (10 días antes del cambio de poderes) a una compañía denominada Coin Angelopolitana por un millón 30 pesos y con la justificante de ‘asesoría y capacitación de los trabajos de la entrega–recepción de la administración municipal’; es, sin duda, una cantidad muy fuerte. Y aquí vale la pena aclarar algo: ese tipo de asesoría y capacitación es otorgada de forma gratuita por las instancias estatales encargadas de vigilar el manejo transparente de los recursos y el buen desempeño del gobierno.
–Es decir, ¿no había necesidad de hacer ese gasto?
–Es una manera legal de hacerlo, pero no debieron entregar una cantidad exorbitante por algo que insisto, puedo ofrecer gratis el Órgano de Fiscalización Superior del estado.
Según datos obtenidos por este reportero, la empresa Coin Angelopolitana está registrada en los padrones de proveedores de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y de una de las universidades más importantes de Puebla. Como dueña en ambas aparece Marcela Huerta Martínez, y con dirección en la 41 Poniente número 2120, interior 14, colonia Benito Juárez; sin embargo, por un lado su razón social aparece como distribuidor de “materiales de curación para laboratorios, clínicas y hospitales”, y en otro como proveedor de “material para cómputo”, muy lejos del tema de la capacitación para la entrega de una administración pública.
Ante el pleno de cabildo, dijo la regidora, el 14 de mayo pasado quedó presentado un dictamen final para asentar y dejar en claro una serie de observaciones detectadas en la entrega–recepción. “Por eso aprobamos la comparecencia de una serie de ex funcionarios. La idea era vislumbrar la posibilidad de encontrar respuestas a los vacíos de información y a las diferencias de datos encontrados. En total fueron 19, de todos los niveles, quienes argumentaron la violación de sus derechos individuales y, desde luego, no todos comparecieron, algunos hicieron caso fuera de los plazos establecidos y como resultado es que no ofrecieron información”.
–¿Existe un caso en especial que sirva como ejemplo de las condiciones en que se dio dicha entrega–recepción?
–Si, el ex director de Desarrollo Urbano y Ecología (Juan Rojas) admitió haberse llevado a su casa un regulador. Puede parecer muy simple, pero es una muestra de cómo ocurrieron las cosas. Ese ex funcionario regresó el regulador hasta el 16 de junio pasado con un oficio de justificación.
Al no encontrar respuestas satisfactorias, contó Norma Martínez Hernández, “todas y cada una de las observaciones no disipadas se enviaron al Órgano de Fiscalización Superior del estado para tener conocimiento del caso y tomar cartas en el asunto, especialmente en el momento de revisar las cuentas públicas del ayuntamiento pasado. El Congreso poblano sabrá determinar responsabilidades, tal como nosotros haremos una vez que el expediente quede integrado con las pruebas documentales necesarias”.
