El director general de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, consideró que la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del PRI es la menos adecuada, pues se constriñe al cumplimiento de los siete puntos de la reforma constitucional aprobada por el Senado y no profundiza en temas como la plena autonomía del órgano responsable de este tema o las sanciones a funcionarios que se niegan a proporcionar información.
Durante su visita a Puebla, en donde fue invitado por la fracción del Partido Nueva Alianza en el Congreso local para dictar una ponencia sobre el tema en el salón Paraninfo de la Universidad Autónoma de Puebla, advirtió que cualquier discusión sobre la reforma en transparencia no debe partir de la “ley del mínimo” –es decir reformar lo menos–, ya que eso significaría que se pretende pasar una iniciativa fast track para cumplir sólo con la reforma constitucional.
Es más, apuntó que el Congreso del estado está llamado a impulsar una reforma “de calidad suficiente”, pues de no aprobarse en esas condiciones la sociedad será la única que pague el costo político. Incluso apuntó la necesidad de que los legisladores orienten la discusión que se tiene sobre el tema para que la sociedad pueda distinguir con claridad las convergencias y divergencias de las iniciativas sometidas a la discusión.
La ponencia del director general de Transparencia Mexicana, además, sirvió para que el coordinador de la fracción del PAN, Eduardo Rivera Pérez, alertara sobre la posibilidad de que el Revolucionario Institucional impulse reformas mínimas con finalidad de maquillar la reforma y asegurar que sí se llevo a cabo una modificación estructural.
“No se trata de concesiones, ¿queremos lograr que la transparencia sea en serio, tomar medidas en serio en el combate a la corrupción o sólo hacer las cosas a medias?; esa es la respuesta que esperamos del Partido Revolucionario Institucional, un compromiso a fondo y en serio que vamos por una Ley de Transparencia y rendición de cuentas que pueda ser una solución a los bajos índices que tenemos en Puebla”, puntualizó en una entrevista posterior.
A su vez, el diputado local del PAN Manuel Janeiro Fernández denunció una posible estrategia para que la discusión sobre la reforma en transparencia se perciba como un tema de los partidos políticos y genere poco interés o participación, cuando en la realidad se trata de un debate de la ciudadanía. Hizo un llamado a los integrantes de la sociedad a que se sumen a la discusión y a vigilar con exactitud el comportamiento de los partidos y aquellos que se propongan seguir en la opacidad” sufran un costo político.
En tanto, el coordinador de Nueva Alianza en el Congreso del estado, Gustavo Espinosa Vázquez, se pronunció por impulsar una legislación de vanguardia y no poner parches a la actual ley. En su caso, dijo que hoy presentará si iniciativa sobre el tema, no sin advertir que la mayoría priista “tendrá en sus manos algo muy sencillo: o atienden el reclamo de la ciudadanía o solamente tendrán que obedecer una línea vertical”.
Corrupción y desarrollo
Eduardo Bohórquez López, antes de su ponencia en la UAP, se reunió con representantes de los medios de comunicación locales, ante quienes aseveró que las buenas leyes de acceso a la información dotan a sus organismos responsables del tema de la autonomía suficiente y los convierten en instancias inapelables.
Lo más importante en la reforma de transparencia, apuntó, es la sanción a los funcionarios que no entregan la información pública. “El órgano que garantiza el acceso a la información tiene que tener la garantía y la seguridad de que sus decisiones son finales e inapelables, y los servidores públicos que no actúen en esas instrucciones del órgano tendrán que ser sancionados conforme a lo que marque la ley de responsabilidades administrativas de los estados”.
–A 20 días de que se apruebe la reforma a la Ley de Transparencia hay un debate entre estas propuestas; particularmente la del PRI, que tiene la mayoría en el Congreso del estado, pone diversos candados, entre ellos no establecer sanciones a los servidores públicos ni la autonomía. ¿De qué forma impactarían estas carencias en el estado? –le preguntó un reportero.
–No conozco la iniciativa –respondió–, pero lo que sí puedo decirle es que las leyes en el país que tienen previsto un mecanismo de sanción, y que le dan autoridad plena al órgano para que sus resoluciones sean definitivas, han funcionado bastante bien.
Posteriormente, en el salón Paraninfo, Eduardo Bohórquez López apuntó que la Ley de Transparencia es “instrumento fundamental para combatir la corrupción” en la medida en que se cruce con el derecho a la información, y si eso es aplicado en la interpretación de los índices de gobierno, los resultados serán sumamente positivos.
En otro tema, el presidente de Transparencia Mexicana informó que en todo el país durante 2007 se gastaron 27 mil millones de pesos en actos de corrupción tan sólo en 35 trámites gubernamentales. Esa cifra, agregó, representa el presupuesto destinado al Poder Judicial de la Federación.
Respecto al ámbito municipal, continuó, existe una recaudación del predial per cápita de 125 pesos, pero la mordida que se pagó en México en ese mismo rubro costó en promedio 177, es decir, se paga más en actos de corrupción que en cumplir con todos los impuestos.
“Pagamos más en mordidas que en impuestos, pero como mexicanos creemos que siempre le ganamos al sistema”, puntualizó.
