El grueso de los trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Puebla han firmado un documento mediante el cual exigen la destitución de la recién nombrada delegada, Anahí Romero Alonso. Este conflicto amenaza con no reducirse al ámbito de la entidad poblana, sino se ha convertido en un detonador para que por lo menos en Oaxaca, Guerrero, Morelos e Hidalgo se estén repitiendo situaciones similares, que es una rebelión en contra de los encargados de la CDI.
La rebelión que se está cocinando contra Anahí Romero, y los delegados de la CDI en varios estados, es en respuesta a que la comisión se le está dando un abierto manejo para que se convierta en un centro de operación electoral a favor del PAN, tal como está ocurriendo con otras dependencias del gobierno federal.
Anahí Romero hace un mes dejó la delegación de Sedesol y asumió la titularidad de la delegación de la CDI, en donde, de acuerdo con las denuncias de los trabajadores llegó a cambiar las reglas de operación y ha desplazar al personal de varias funciones. Esos cambios lo realizó de manera atrabancada, sin medir consecuencias. Por eso la gente que ahí labora se sublevó. Cuando en otros estados se supo que en Puebla había ese comportamiento se generaron movimientos similares de inconformidad.
Los quejosos han mandado una serie de documentos a Luis H. Álvarez, quien dirige a nivel nacional de la CDI. Se sabe que luego de esa acción vendrá la toma de las delegaciones, pues trascendió que como parte del uso electoral que se pretende dar a la comisión en cuestión, se buscará despedir a una parte importante del personal que de antemano se sabe que no se prestaría a manipular los programas sociales a favor del PAN.
De hecho eso pasó con el anterior delegado de la CDI en Puebla, el antropólogo José Antonio Aguilar Sansebastían, quien después de haber estado 10 años en ese puesto –que primero era el Instituto Nacional Indigenista–, se le pidió la renuncia y hasta donde se sabe se le dejó fuera del gobierno federal. Este hombre había logrado sobrevivir a los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox porque había conseguido mantenerse al margen de las presiones para favorecer al PRI o al PAN en procesos electorales.
Ahora es distinto, el perfil que se está buscando en el gobierno federal es que las delegaciones sean operadas de manera directa como oficinas de promoción electoral. El argumento que de manera interna se ha propalado es que si Felipe Calderón no logra ganar la Cámara de Diputados en 2009 su gobierno se derrumbará. Bajo esa consigna los puestos se están entregando a panistas que se comprometan a trabajar a favor del albiazul, sin importar que no tengan el perfil profesional requerido.
Anahí Romero dejó la delegación de Sedesol a finales de mayo de este año. El motivo fueron las presiones en su contra por negarse a que el senador Rafael Moreno Valle Rosas utilizara los programas de combate a la pobreza para sus actividades proselitistas tendientes a conseguir la candidatura del PAN a gobernador. Ahora, instalada en la CDI, se le acusa de manipular las normas de operación para favorecer a Acción Nacional.
Si se analiza ambos hechos, se pueden sacar dos conclusiones fundamentales:
Una que entre los panistas existe una guerra de facciones que se están disputando todos los espacios de poder y una forma de atacarse, es acusarse de malversar recursos públicos, sobre todo entre los que están ocupando un cargo en el gobierno federal.
Y dos, que no parece haber pudor entre los panistas de estar empleando el erario para sus disputas, en lo que es una reproducción ampliada de prácticas que antes eran exclusivas del Partido Revolucionario Institucional.
Los inconformes con la corta gestión de Anahí Romero al frente de la CDI han expuesto que la principal prueba del sesgo electoral que se ha dado a la comisión, fue el cambio repentino que se dio a las reglas de operación. Estas modificaciones consisten en lo siguiente:
La CDI cuenta con ocho comisiones coordinadoras en el estado de Puebla, las cuales se encargan de la elaboración y ejecución de proyectos en comunidades indígenas. Las reglas de operación establecen que estas instancias entregan los recursos públicos a los beneficiarios de acuerdo con una programación, la cual generalmente obedece a usos y costumbres de los grupos indígenas beneficiados. Eso se acabó. Anahí Romero prohibió a dichas instancias entregar los fondos.
Las nuevas órdenes es que solamente se podrá entregar el presupuesto en actos encabezados por la delegada. Nadie más lo podrá hacer. Eso no solamente va a provocar un atraso en la distribución de fondos sino que se hará en actos donde seguramente habrá protocolos, discursos políticos y obviamente mensajes a favor de la política social de Felipe Calderón.
Visto de otra manera, habrá palabras en beneficio del PAN.
A la par de que estableció estas nuevas reglas, se propaló la versión de que pronto “van a caer cabezas” de aquellos que se nieguen a los nuevos ordenamientos y que no se muestren proclives al PAN.
Otro hecho, dicen los que han conocido el comportamiento de la delegada, es que Anahí Romero llegó a la CDI con un grupo de 4 o 5 personas, que son panistas y sin tener un puesto en el organismo están tomando decisiones por encima de los encargados. Además de disponer de oficinas y vehículos oficiales.
Por si fuera poco, a la funcionaria le gusta atender muchos asuntos a altas horas de la noche, olvidándose de los horarios oficiales, de los derechos laborales. No hace mucho tuvo reunidos a 10 funcionarios en una junta, con dos características peculiares, que era viernes y la reunión concluyó en la madrugada.
