No solamente por ser copropietarios de los recursos energéticos, sino por elemental ejercicio democrático, el Legislativo federal debe recibir un voto mandatado para privatizar la exploración, producción, refinamiento y distribución del petróleo y, Mario Marín debe ser el encargado de organizar la consulta ciudadana, no por que confíen en él, sino por que es su obligación; así lo creen siete de cada 10 ciudadanos del municipio de Puebla, en tanto que dos de cada 10 dicen que no haga la consulta y uno, no opina. Se equivocan quienes pregonan ya el triunfo de la privatización de Pemex, esa medida es rechazada por todos los ciudadanos, incluyendo a la mayoría de los simpatizantes del PAN y del PRI y al 100 por ciento de los perredistas.
Hay todavía quienes creen que los ciudadanos son acéfalos que carecen de libre arbitrio para tomar una decisión (2 por ciento); otros que se abrogan la soberanía popular y se la confieren exclusivamente al Ejecutivo federal o al Poder Legislativo (8 por ciento); otros escépticos, desilusionados del los partidos, de los gobernantes, del legislativo y de toda institución política que argumentan que nunca se les toma en cuenta (5 por ciento) y, quienes señalan otras causales: costo, tiempo, confiabilidad, asepsia (5 por ciento). Todos ellos son el 20 por ciento de los ciudadanos, son los que se niegan a consultar a los representados. Hay un 70 por ciento que argumenta que debe haber una consulta y, entre los considerandos, menciona que la soberanía recae en el pueblo y que éste tienen el derecho a ser escuchado (42 por ciento); hay quienes argumentan que es un deber del Ejecutivo informar de aquellas acciones de gobierno que violan la letra y el espíritu de la Constitución (22 por ciento) y quienes refrendan ser copropietarios de los recursos del subsuelo como lo estable la Carta Magna y, en consecuencia, exigen el derecho a ser considerados (6 por ciento). El 10 por ciento restante de ciudadanos no opina sobre la consulta energética.
Hace un cuatrimestre que oficialmente el Ejecutivo federal asumió la paternidad de la privatización de Pemex y, en estos momentos, el 77 por ciento de los ciudadanos algo ha escuchado al respecto; la mayoría se ellos se enteró por la televisión. Hoy, al igual que hace cuatro meses, seis de cada 10 ciudadanos están en desacuerdo con la privatización y uno de cada cuatro está de acuerdo: en el cuatrienio aumentaron los desacuerdos y disminuyeron los acuerdos. El Ejecutivo federal ha realizado un intenso acoso mediático que ha sido secundado por los empresas beneficiarias de la privatización; ese cerco informativo no ha logrado generar consenso sobre la medida y hoy, tres de cada cuatro ciudadanos no le cree a Felipe Calderón cuando dice que no piensa privatizar Pemex y dos de cada tres desearían que los legisladores federales votaran en contra de la reforma energética del Ejecutivo federal, esa demanda es compartida por la mayoría absoluta, incluso por el 54 por ciento de los ciudadanos que se autodefinen panistas y el 75 por ciento de los priistas. No hay respaldo popular para enajenar a particulares los recursos energéticos.
