Así lo señaló el presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (Cofem), el poblano Roberto Bravo, quien criticó que el dinero del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se esté utilizando en la defensa de Rubén Gil Campos y no en satisfacer las necesidades de la población más empobrecida.
Aseguró que los informes que tienen los líderes migrantes poblanos en Estados Unidos es que Mario Marín Torres visitará a Rubén Gil en la prisión de Westchester County, durante el viaje que realizará el gobernador poblano a Nueva York en los próximos días.
“Yo le recomendaría al gobernador que no fuera a Nueva York. Allá lo van a agarrar a jitomatazos y a huevazos. No lo quieren porque su gobierno no ha sabido defender las causas de las personas que arriesgan su vida por cruzar a Estados Unidos y encontrar un empleo para después mandar dinero a Puebla. ¿Por qué no viene a Los Ángeles? Sabe que aquí a él y a Carlos Olamedi no los queremos”, sostuvo.
Agregó que Marín Torres y Gil Campos, además de ser buenos amigos, son socios en varios negocios, como el Auténtico 5 de Mayo –la fracasada empresa de exportación de productos de la Mixteca poblana a Norteamérica–, e incluso otras empresas familiares. “Tenemos el informe de que en su agenda de trabajo el gobernador va a visitar a Rubén Gil; los amigos, en la cárcel y en la enfermedad”, sostuvo.
Entrevistado vía telefónica sobre el caso de los 5.2 millones de pesos que no aparecen en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Izúcar de Matamoros (SOAPAIM), y que presuntamente habrían sido utilizados para la defensa jurídica de Rubén Gil en Nueva York, el líder migrante indicó que la información que circula entre los migrantes poblanos es que fue la esposa de Gil, María de los Ángeles Herrera Velásquez, quien “trajo dinero del ayuntamiento de Izúcar para pagarle a los abogados, pero no sabemos más”.
Como ejemplo, señaló que un abogado en Estados Unidos puede cobrar entre 200 y 300 dólares por hora tratándose de una demanda relativamente sencilla, como la que recientemente interpuso la Cofem en contra de un ex empleado por malos manejos administrativos, previo pago de 4 mil dólares sólo por atender el asunto. Pero en el caso de Gil Campos, el abogado defensor debe estar cobrando, por lo menos, 500 dólares por hora, mencionó.
“Por eso no estamos de acuerdo en que se utilice dinero del pueblo para el beneficio de unos, y menos para un caso de corrupción en el que la sociedad de Izúcar de Matamoros no tiene nada que ver. Gil tiene una investigación en su contra, y ese es un problema suyo que él debe resolver con sus recursos. El gobierno del estado debe observar eso y canalizar los recursos para la gente pobre”, agregó.
Roberto Bravo lamentó que desde el mes de abril pasado, en que él y otros líderes migrantes vinieron a la ciudad de Puebla a solicitar una entrevista con el gobernador Mario Marín, a la fecha no han recibido ninguna respuesta.
“Exigimos que se cambie la imagen de nuestro estado. Nuestra gente sigue muriendo al cruzar la frontera, y el gobierno del estado prefiere gastar dinero en defender delincuentes, en vez de usar esos recursos para generar empleos bien pagados y evitar que la gente salga de sus comunidades. Queremos representantes auténticos, que sepan lo que es sufrir en Estados Unidos, que sepan lo que es ser mojado, no gente como Olamendi, que se reúne con sus compadres y amigos y a nosotros nos dejan de lado. No es una ruptura completa (con Mario Marín), pero sí queremos un cambio inmediato. Queremos elegir a un representante democráticamente y, entonces sí, sabremos que habrá confianza de que van a escuchar a la comunidad migrante”, finalizó.
