El presidente suplente de Izúcar de Matamoros, Arturo Herrera Velásquez, afirmó que iniciará una investigación dentro del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAIM) de ese municipio, a fin de conocer el destino de los de 5 millones 252 mil 614 pesos que heredó la pasada administración y que habrían sido utilizados para pagar la defensa legal de Rubén Gil Campos en Estados Unidos.
En tanto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Melitón Lozano Pérez anunció que este jueves, durante la sesión ordinaria del Legislativo del estado, hará una petición formal al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise) para que sea esta instancia quien revise las cuentas públicas de ese organismo y precise el destino de ese dinero.
Por otra parte, fuentes confiables del Legislativo local indicaron que la auditoria a los 40 días que gobernó Rubén Gil Campos el municipio de Izúcar de Matamoros ya concluyó: se habrían encontrado al menos ocho irregularidades; sin embargo, la Comisión Inspectora del Congreso poblano hasta el momento no ha notificado al ex edil.
En su edición del día de ayer, La Jornada de Oriente informó sobre la sospecha de algunos trabajadores del SOAPAIM de que ese dinero habría sido utilizado por Gil Campos para pagar los servicios de defensa legal debido al juicio que el gobierno de Estados Unidos le sigue por haber distribuido 11 kilos de cocaína pura entre los años 2005 y 2007.
En marzo pasado, Gil Campos fue detenido en Los Ángeles, California, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés); en los primeros días de abril fue trasladado a una corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se le sigue una proceso legal. Su abogado defensor es Steven Altman.
Entrevistado vía telefónica sobre este tema, Herrera Velásquez afirmó que la población de ese municipio mixteco “ya me está pidiendo cuentas”, por lo que indicó que hoy mismo empezará a revisar las finanzas del SOAPAIM.
Se le preguntó si ya había tratado el asunto con el director del organismo de agua potable, Marcelino Pineda Cerón, a lo que el edil interino respondió afirmativamente. “Me dijo que todo estaba en orden, que estaban bien las finanzas del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado”.
En tanto, el regidor priista y en su momento el alcalde interino de Izúcar de Matamoros, Rubero Galileo Suárez Matías, afirmó que desconoce el caso a fondo, pero reconoció que existe entre la población la sospecha de malos manejos administrativos en el organismo operador de agua, por lo que se sumó a la investigación anunciada por Herrera Velásquez.
Para el diputado Melitón Lozano, este tema debe quedar aclarado lo más pronto posible, y es el Congreso del estado el que debe dar certidumbre de ello. Sostuvo que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado ya concluyó una revisión a los primeros días del gobierno de Gil, pero el resultado no ha sido entregado a la Comisión Inspectora, por lo que, dijo, solicitó el detalle de la auditoria al municipio de Izúcar de Matamoros por escrito.
De acuerdo con la ley del Orfise, hay un candado legal que hace que el resultado de esta auditoria sea de carácter reservado, y es sólo hasta que sea discutido y votado por el pleno de diputados locales como puede hacerse público.
Darlo a conocer antes, ya sea por un diputado, por el auditor general del Orfise o por alguna filtración, además de que sería una ilegalidad, daría argumentos a Gil Campos para buscar un amparo por violación a su derecho de defensa en la resolución de su cuenta pública, además de que le permitiría ganar tiempo para alargar la investigación en su contra y podría reponer el dinero extraviado, si es que en realidad lo ocupó para su defensa en EU, indicaron algunas fuentes consultadas.
