La presentación de la iniciativa a los medios de información la hicieron ayer Lilia Vélez, Tanivet Ramos, Jorge Machuca y José Ojeda en la Universidad Iberoamericana Puebla, quienes coincidieron en que esta propuesta permitiría que Puebla saliera del gran rezago en que se encuentra en materia de transparencia.
Se desconoce aún qué fracción política presentará la iniciativa, pero lo importante es que los diputados la vean como una propuesta ciudadana sustentada en los avances en que en esta materia existen, dijo el politólogo José Ojeda.
Los presentadores comentaron que esta iniciativa no pretende reformar la ley en la materia vigente, ya que al menos el 80 por ciento de ésta no cumple con los parámetros necesarios para realmente proporcionar información a los ciudadanos, por lo que se busca crear una nueva ley.
Con esta propuesta para hacer una nueva legislación Puebla estaría al nivel de los estados más avanzados en materia de transparencia y acceso a la información, dijo Lilia Vélez.
Explicó que una parte central de la iniciativa es que se plantea desaparecer la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) para crear un instituto que tendría autonomía e independencia del gobierno estatal. Además, se incorporarían dos comisionados más, para hacer un total de cinco.
Es necesario, añadió, desarrollar “una nueva cultura” en cuanto a la transparencia no sólo en las dependencias y organismos públicos, sino también entre los ciudadanos, y para ello, en la iniciativa se contempla que los comisionados orienten de manera efectiva a quienes soliciten información.
Otra de las ventajas de esta posible nueva ley es que serían sujetos obligados a responder las peticiones todos los “organismos autónomos del estado, incluyendo las universidades a instituciones de educación pública”, así como “las personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos”. Lo cual, entre otros beneficios, permitiría que los sindicatos que cuenten con los recursos públicos informen del manejo que hacen de éstos.
Los cuatro presentadores coincidieron en que la aprobación de esta iniciativa depende la voluntad política de los legisladores, y del mensaje que quieren mandar a la ciudadanía, sobre el desempeño de las instituciones.
La posibilidad de aprobar esta reforma también radica en que en el Congreso local la mayoría la tiene el PRI, y la nueva ley entraría en vigor ya terminado el sexenio del gobernador Mario Marín Torres.
