El análisis, denominado “Indicadores de Legales y Reforma al Artículo 6 Constitucional”, mide 17 factores del sistema legislativo vigente en materia de acceso a la información, de los cuales Puebla tiene una buena calificación en lo que se refiere a la sencillez con que los ciudadanos pueden llenar las formas para solicitar información.
De acuerdo con dicho documento, de las 33 leyes de Acceso a la Información evaluadas –incluyen los 32 estados y el gobierno federal–, Puebla ocupa el lugar 29 con una calificación de 4.83, seguido por Guerrero, con 4.79, y Nuevo León, con 3.06. Por el contrario, las entidades mejor calificadas son: Veracruz, 10; Distrito Federal, 9.95; Campeche, 9.66, y Morelos, 9.57.
Así pues, la entidad obtuvo una calificación de cero –es decir, no cuenta con ellos o son ineficientes– en los indicadores de “Vías de impugnación y definitividad”, rankeado en el sitio 32; “principio de prueba y daño”, sitio 31; “afirmativa ficta” (cuando ante una petición no se entrega la información en el tiempo establecido se da por afirmativa la respuesta), sitio 30; y el “periodo de reserva” (el tiempo que una información queda bajo resguardo de las autoridades por considerarse clasificada), sitio 27.
Otros sitios calificados por Limac y en donde Puebla está mal calificado son: “ámbito temporal”, “información de oficio”, “sujetos obligados”, “definición e interpretación”, “cultura de transparencia”, “máxima publicidad”, “gratuidad de la información”, “órgano garante” y “formas de control de la ley”.
En media tabla, los indicadores clasificados son: “formas de control de la ley”, “datos personales”, “límites al derecho de acceso a la información” y “versiones públicas”.
La medición realizada por Limac, a cargo de los prestigiados especialistas Perla Gómez Gallardo y Ernesto Villanueva, sostiene que Puebla obtuvo 10 de calificación y cuarto lugar nacional en cuanto al indicador de “formas de solicitud de acceso a la información”.
A decir del diputado local del PRD Melitón Lozano Pérez, el resultado del estudio obliga a un minucioso análisis de la actual ley, de ahí que la reforma en transparencia que debe estar aprobada antes del 20 de julio debe ajustarse a las demandas actuales de la sociedad y los estándares internacionales.
