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Lunes, 30 de junio de 2008
La Jornada de Oriente - Puebla - Municipio
 
 

Revés a la Comuna; ordena juez federal pagar 44 mdp a constructora

Luego de tres años de litigio, la justicia federal asestó un duro golpe a las finanzas del ayuntamiento de Puebla al obligarlo a pagar 44 millones de pesos a la empresa Desarrollo Iberoamericano Sociedad Anónima (DISA) por obras pendientes en la segunda etapa del paso a desnivel Juárez–Serdán, así como por intereses y daños.

 
Ignacio Juárez Galindo
Puebla, Pue.

La resolución del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito fue notificada (toca 246/2007) el viernes pasado a las partes en conflicto y surgió como parte de un recurso de apelación promovido por la Comuna poblana.

Así pues, la compañía informó que las autoridades municipales deberán liquidar 26 millones de pesos por concepto de obras en el paso a desnivel, así como otros 18 millones por intereses y daños.

 

Historia de un pleito

El conflicto con Desarrollo Iberoamericano inició el 7 de julio de 2005, cuando el cabildo de Puebla –con excepción de la fracción del PAN–, entonces encabezado por Enrique Doger Guerrero, declaró inexistente un pago por 26.6 millones que su antecesor el panista Luis Paredes Moctezuma reconoció –a unas horas de dejar el cargo– a favor de la constructora.

Según el dictamen aprobado por los regidores, el reconocimiento de la deuda contravino a la Ley de Obras Públicas, “puesto que no se contaba con la debida justificación técnica y legal que sustentara su procedencia y, por lo tanto, comprometiendo de manera ilegal e indebida el patrimonio del ayuntamiento”.

DISA, de acuerdo con información vertida en la polémica sesión donde se rechazó el pago a la empresa, fue contratada para construir la etapa 2A del viaducto Juárez–Serdán, por un monto de 175.3 millones, pero después Luis Paredes tomó la decisión de asignar un pago adicional por 64.8 millones, aunque al final nunca los pago.

Por el contrario, en el acta de entrega recepción de la obra se detectó que Luis Paredes, de manera discrecional, canceló un pago por 19.7 millones, y al final el contratista recibió un pago de 193.8 millones de la Comuna.

 

El juicio de amparo

Al conocer la resolución del cabildo, DISA –propiedad de Hugo Jiménez Alarcón, un hombre ligado a Jorge Espina, uno de los dirigentes más importantes de la derecha en Puebla– inició en agosto de 2005 un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 68/2005 y su acumulado 79/2006.

La sentencia dictada en primera instancia fue en septiembre de 2007, en la que se sentenció al ayuntamiento de Puebla a reconocer el adeudo por 26.6 mdp, así como el pago de gastos financieros y costas. La Comuna recurrió al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito para echar abajo la resolución.

DISA, a través de un comunicado difundido ayer, informó: “Como se recordará, el 15 de mayo de 2008 el ayuntamiento de Puebla obtuvo un amparo sólo para efectos. Los agravios esgrimidos por la autoridad municipal fueron revisados, pero el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito volvió a ratificar su anterior fallo consistente en el pago de 26 millones 629 mil 472.34 pesos, además de los gastos financieros causados y pago de costas, a favor de Desarrollo Iberoamericano SA de CV.

“DISA expresa a través de este comunicado de prensa, su respeto al estado de derecho, su decisión de que los conflictos se resuelvan por la vía legal e institucional, y su disposición de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Puebla para que este juicio ya no siga alargándose en perjuicio del patrimonio municipal.

“La causa que motivó este juicio fue la negativa de la administración municipal –encabezada por el Enrique Doger Guerrero– de reconocer un adeudo por trabajos ejecutados y autorizados en el Distribuidor Vial Juárez Serdán durante la gestión de Luis Paredes.

“Las obras del Distribuidor Vial, que en ninguna parte del juicio fueron impugnadas por la administración de Enrique Doger, y de las cuales no se ha comprobado una sola anomalía, de las muchas que se inventaron en algunos medios de comunicación por cuestiones meramente políticas, se realizaron conforme a las instrucciones y el contrato firmado con la gestión paredista”.

Este reportero solicitó su postura al síndico de Puebla, Román Lazcano Fernández, pero el funcionario declinó a hacer algún comentario.  

 
 
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