De manera indebida, hace cuatro meses fueron transferidos 5.2 millones de pesos del Sistema Operador de Agua Potable de Izúcar de Matamoros al ayuntamiento de dicho municipio; ahora se sospecha que ese movimiento fue utilizado para que el dinero se destinara a la defensa legal de Rubén Gil Campos, quien está detenido en Nueva York acusado de haber conspirado para distribuir 11 kilos de cocaína en la gran manzana.
La denuncia fue hecha por ex trabajadores del organismo encargado de brindar el servicio de agua potable, y es posible que sea cierta, luego de que se ha constatado que el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros está integrando por políticos incondicionales del edil encarcelado y que han confundido su función pública con la de ser cómplices del alcalde preso. Una prueba de ello es que hasta la fecha siguen difundiendo versiones de que Rubén Gil no cometió delitos graves y que pronto recuperar su libertad.
Esta denuncia debería ser la pauta para que la Secretaría de Gobernación y sobre todo el Congreso local ya tomen una actitud firme para poner orden en el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, en donde la confrontación entre los grupos del PRI que se empezaron a disputar el poder luego de la caída de Rubén Gil ha provocado en ese municipio ingobernabilidad y violencia política.
La intervención de los diputados y del gobierno del estado es fundamental, no solamente para poner orden en el gobierno matamorense o frenar el intento de desvíos de fondos públicos hacia la defensa de Rubén Gil, sino para detectar si el edil detenido trasladó a Izúcar de Matamoros las actividades del crimen organizado en que se vio involucrado. Dicho asunto no debe verse como un problema exclusivo de esa región del sur del estado, sino como un caso que puede poner en riesgo la estabilidad del resto de la entidad poblana.
