En el ayuntamiento de Puebla se anunció que se investigará los abusos y actos de corrupción que se cometen en cuatro corralones de la ciudad. Si realmente se quiere llegar al fondo de este asunto, pero sobre todo sancionar a algunos responsables, es necesario que en la Comuna se voltee al interior del cabildo, ya el regidor priista Humberto Vázquez Arroyo fue uno de los responsables de dar entrada a las compañías que manejan esos centros privados de confinación de vehículos.
El problema de los corralones privados se generó desde hace nueve años, cuando ante la carencia de grúas por parte de la autoridad municipal para detener vehículos mal estacionados o que chocaron se empezó a “tolerar” que tres empresas particulares arrastraran automotores y los confinaran en terrenos propios, estableciendo tarifas superiores a las autorizadas por el ayuntamiento.
En el trienio pasado, cuando Vázquez Arroyo era titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla (SSPTM), de manera indebida firmó un contrato con tres empresas privadas de grúas, pese a que no tenía facultad para ello.
A partir de la suscripción de esos convenios, se incrementó los abusos de las compañías de grúas, en particular la empresa Doama, que cobra costos excesivos por el uso de suelo en su corralón, no cuida los automotores detenidos y entrega a los usuarios recibos sin los requisitos fiscales correspondientes.
En octubre de 2007, se narró en esta columna como un hombre de apellido Gómez emprendió la queja 119/2007 ante la Contraloría Municipal debido a que le cobraron a 50 pesos por cada día en que su auto estuvo en el corralón de la empresa Doama, pese a que la tarifa autorizada por el ayuntamiento es de 11.50 pesos por cada 24 horas de estancia.
Esta persona pasó varios días buscando su auto en varios predios privados y cuando finalmente lo encontró, le faltaban autopartes y los habían dejado abierto, por lo que el agua de lluvia inundó los interiores del coche.
Al final no le hicieron nada a la empresa ni al comandante de la SSPTM que mandó el auto del señor Gómez a un corralón particular.
El problema del fondo, es que un auto cuando es detenido se hace como resultado de un acto de la autoridad municipal; pero al ser mandado el automotor a un corralón privado y es arrastrado por una grúa particular, si algo le pasa el vehículo la SSPTM se deslinda y le endosa las anomalías a la compañía que dio los servicios.
Las empresas de grúas, como son privadas, entonces se escapan del escrutinio y sanciones de las autoridades públicas.
Es decir, la gente queda indefensa.
Cuando Vázquez Arroyo fue quitado por el entonces alcalde de Puebla, Enrique Doger, de la SSPTM, el gobierno municipal se negó a seguir avalando los contratos con las empresas de grúas.
Ni Omar Álvarez Arronte ni Ludivino Mora Tejeda, quienes fueron los sucesores de Vázquez Arroyo en la titularidad de la SSPTM, quisieron ratificar los contratos con las compañías de grúas al evaluar que no era su función hacer ese tipo de convenios y no existían parámetros para sostener que esas firmas eran la mejor opción para dar el servicio de arrastre de vehículos.
El último encargado de la SSPTM en el trienio pasado, Rolando Villaseñor, no supo que hacer con el tema de las grúas y se hicieron oídos sordos a las quejas de los ciudadanos que sufren abusos en los corralones privados.
El problema de fondo, es que la autoridad no tiene corralones suficientes y adecuados para guardar todos los automotores detenidos. Entonces las empresas privadas que han intervenido en esta actividad han sido la alternativa para ofrecer un servicio, que aunque es de mala calidad, no se podría otorgar sin su participación.
Es decir, han sido un mal necesario.
