La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puso a disposición un número telefónico de Puebla para que la gente haga denuncias anónimas de ilícitos. La intención, justificó el Ejército mediante un comunicado, es evitar que el estado se inunde de actividades delictivas, tal como ha ocurrido en otras partes del país.
Es justo reconocer que los integrantes de las fuerzas armadas de México están librando una importante batalla contra el crimen organizado; sin embargo, es fundamental acotar la acción del Ejército, ya que en muchas ocasiones su actuación está rompiendo con las estructuras de los poderes públicos de México.
Con el pretexto de que el Ejército es la única fuerza que puede combatir el narcotráfico y otros delitos graves, el gobierno federal ha permitido que la Sedena esté suplantando a las autoridades civiles encargadas de la procuración de justicia, pues los militares desplazaron al Ministerio Público en la recepción de denuncias de ilícitos. Esa actuación no solamente es una usurpación de funciones, sino un atentado al orden constitucional.
Aunque las fuerzas castrenses han actuado de manera eficiente contra grupos delictivos peligrosos, es fundamental que en México se acorte la presencia del Ejército en las calles, ya que en muchas ocasiones su actuación genera violaciones a los derechos humanos; además, lo que el país necesita es que sean autoridades civiles eficientes las que tengan la capacidad de enfrentar a todo tipo de organizaciones criminales. Si no ocurre así, se corre el riesgo de que las estructuras de poder y los órganos de justicia se vuelvan más autoritarios de lo que ya lo son.
