Los organismos civiles que luchamos porque no sean violentados los derechos humanos de todos y de todas, en nuestro trabajo diario hemos construido una estrategia de defensa integral de estas garantías; reconocemos que es importante la herramienta jurídica desarrollada y que se conoce como derecho positivo, pero en sí misma no resuelve de fondo las causas estructurales que dan origen a las violaciones a los derechos humanos.
Desde la crítica jurídica, realizada por diferentes expresiones de lucha popular y de práctica jurídica democrática desde nuestras organizaciones, se ha insistido que hablar de derecho implica asumir una lógica de “razón”, que no necesariamente retoma las necesidades y circunstancias de la persona afectada o del grupo de personas afectadas.
Tradicionalmente la elaboración de las leyes, y la propia práctica jurídica, se ha construido y sustentado bajo supuestos “racionales” que favorecen los intereses de control y de poder de un pequeño sector de la sociedad, que intenta pasar por alto las necesidades y circunstancias de la mayoría de la población.
En este sentido, la creación del sistema jurídico que orienta la vida de nuestra sociedad se ha construido con base en la elaboración de argumentos “razonables”, de argumentos que justifican una forma de ejercer el poder, de definir y administrar las conflictos de acuerdo con ciertos intereses, que por supuesto no incluyen los intereses de la persona afectada o las personas afectadas, ni las circunstancias en que se desarrolla la vida social, así todo lo que no quepa o contradiga a estos sistemas, argumentos y procedimientos razonables, es desestimado, cuestionado y violentado.
Aunque México hoy en día cuenta con una diversidad de leyes y códigos para sancionar las violaciones a los derechos humanos, estos quedan en letra muerta cuando durante procedimientos y proceso judiciales nos encontramos con todo un sistema que elabora argumentos “razonables” para no sancionar las omisiones de autoridades y servidores públicos.
Un claro ejemplo de cómo funciona el sistema judicial en nuestro país, es el caso de la periodista Lydia Cacho que desde el año 2005 lucha porque se le haga justicia ante las graves violaciones a sus garantías individuales, que se desprendieron de una orden de aprehensión, derivada de la denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif; Cacho fue detenida en diciembre de 2005 y trasladada vía terrestre desde Cancún, Quintana Roo, hasta Puebla, en medio de un fuerte operativo de seguridad por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Puebla; en medio de una serie de irregularidades en el proceso judicial, sufriendo tortura en el traslado.
Ante estos hechos de represalias por hacer pública una red de pornografía infantil, en cumplimiento de su labor informativa, Lydia Cacho denunció ante dos fiscalías de la PGR al gobernador Mario Marín, a la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, a la juez quinto en materia penal en Puebla, Rosa Silvia Pérez, a una agente del Ministerio Público y a dos judiciales, así como al empresario Kamel Nacif.
Desde entonces dio inicio todo un proceso para deslindar responsabilidades a quienes resultaran culpables de las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista; y ha sido así que hemos visto como cada autoridad argumentando en base a la legalidad que no se han incurrido en violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho; los ministros de la SCJN resolvieron que no existió una conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la trasgresión a sus derechos no es grave, y por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales. Aunado a ello, recientemente el juez segundo de lo penal de Cancún, Quintana Roo, negó las órdenes de aprehensión en contra de los policías poblanos que participaron en su aprehensión, por considerarla dentro de lo “razonable” que lo que denunció Lydia Cacho como tortura, son “molestias inherentes a cualquier detención”.
Es de preocuparse que la tortura se vea como algo necesario o inseparable en todo proceso de detención; la cual se ve agravada en casos de detención arbitrarias como la que sufrió Lydia Cacho; además es de lamentarse que no se tome en cuenta la dimensión social de la realidad que Lydia Cacho puso sobre la mesa, la explotación sexual comercial de la niñez, y ante eso no se tomen las medidas pertinentes. El extremo, quien documenta esta grave violación a los derechos humanos, está padeciendo de la impunidad que se vive en nuestro país que no garantiza la justicia.
Este es sólo uno de los ejemplos que muestra que desde el derecho positivo se defienden o se atacan, a partir de ciertas “razones” e intereses, a aquellos que sustentan o que ponen en riesgo, según sea el caso, al sistema o a los intereses de unos cuantos, dejando de lado las demandas y la realidad que vive cada persona y la sociedad en general.
Esto nos lleva a reflexionar que el sistema jurídico se construye y se legitima a partir de sí mismo, y no de consensos colectivos y de la atención a las necesidades e intereses de la mayoría, me pregunto fuertemente si la aplicación de las leyes que tenemos realmente nos acerca a una verdadera justicia; no a una justicia que administre los conflictos, sino a una justicia que haga verdaderamente vigentes los derechos de todos y de todas las personas y los grupos, que resuelva los problemas a los que diariamente nos enfrentamos en el país.
* Colectivo Mujer y Utopía A.C.
