El documento titulado “Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas respecto a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos”, que puede ser consultado en el portal electrónico del organismo – http://www.cndh.org.mx/armonleg/indexnvo.html–, se informa que Puebla tiene un porcentaje del 43.2 por ciento respecto a la equiparación de normas vanguardistas alrededor del mundo en la protección de las garantías universales.
De esa forma, la localidad se ubica por debajo de la media nacional, que es del 47.6 por ciento.
El documento está desglosado por entidad federativa, y ahí se demuestra que Puebla carece de leyes para evitar la tortura, la discriminación, la desaparición forzada de personas y para la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
La responsabilidad de este atraso es de los tres últimos gobiernos estatales, pues al inicio de la presente administración, encabezada por el priista Mario Marín Torres, quedó congelada en comisiones una iniciativa de ley contra la discriminación, elaborada por la entonces diputada panista, María de los Ángeles Gómez Cortés, la cual fue avalada por importantes organizaciones de derechos humanos y civiles de la entidad.
En el sexenio anterior, el gobernador Melquiades Morales se opuso a que se promulgara una ley en materia indígena.
Y en la gestión de Manuel Bartlett, también conspicuo militante del PRI, como sus antecesores, el Poder Ejecutivo local hizo todo lo posible para que no se aprobara una ley contra la tortura.
De bueno a regular
Los rubros en los que el marco jurídico de Puebla quedó mejor calificado es el de justicia para menores , pues hay un 94.7 de Armonización del Código de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, promulgado en 2006, respecto de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores.
Otro sector bien evaluado fue el de las féminas, pues la CNDH consideró que Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el año pasado tiene una armonización del 84.2 por ciento, en relación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la “Convención de Belém do Pará”.
La Comisión de Derechos Humanos también calificó con un 64 por ciento la Armonización de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Puebla, promulgada en 2007 respecto de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, la armonización de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, aprobada en 1996, tiene un porcentaje del 53.8 por ciento respecto de la Declaración de los Derechos de los Impedidos, el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (Convenio 159 de la OIT), y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Cabe recordar que el caso más reciente de tortura, las vejaciones que sufrió la periodista Lydia Cacho Ribeiro, pusieron en vilo a autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, como el gobernador, Mario Marín Torres, y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido.
La semana pasada, el mandatario estatal admitió que el caso Cacho sigue vigente, aunque afirmó que él ya demostró su inocencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Procuraduría General de la República.
