La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer un documento titulado Armonización de la Legislación de la Entidades Federativas Respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en donde el estado de Puebla sale pésimamente evaluado por no contar con leyes efectivas para combatir la tortura, la desaparición forzada de personas y la discriminación, y ni proteger los derechos indígenas.
El documento cobra especial relevancia por la autoridad moral que tiene la CNDH y porque es una radiografía exacta que muestra a Puebla como un estado donde la ciudadanía está indefensa frente a los principales abusos que se cometen en materia de derechos humanos.
Desde hace tres sexenios, Puebla se ha ido rezagando en la promulgación de legislaciones que sirvan para combatir los abusos de poder, la discriminación y la marginación en que se tiene a los pueblos indígenas. Eso ha colocado al estado al margen de los tratados internacionales que reconocen la necesidad de tener esos instrumentos para poder tener un adecuado desarrollo humano integral y un Estado de Derecho.
Lo grave no es el soslayo que ha existido hacia estos temas, sino que la actual Legislatura local no muestra el suficiente interés para avanzar en estos temas. Al contrario, parece que los diputados, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se niegan a reconocer que en Puebla no se tiene un andamiaje jurídico que defienda a la población de los abusos de autoridades y de los poderes fácticos.
