Al menos 15 órdenes de aprehensión contra responsables de tala clandestina en las sierras Nororiental y Negra fueron libradas por el Ministerio Público Federal, donde no sólo pobladores han sido señalados, desde 2005, como depredadores si no también autoridades municipales del anterior trienio, como las de Nicolás Bravo y Vicente Guerrero.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien dio a conocer ayer sobre las pesquisas, aseguró que ignora si entre los presuntos delincuentes están los ediles y regidores el trienio pasado en Vicente Guerrero y Nicolás Bravo.
El servidor público se limitó a decir que en la Sierra Negra están libradas cuatro órdenes de aprehensión, en contra de propietarios de aserraderos, mientras que en la comunidad de González Ortega, perteneciente al municipio de La Fragua, en la Sierra Nororiental, hay más de 10 órdenes giradas.
Rodríguez Torres añadió que tan sólo el año pasado fueron presentadas ante la Representación Social de la Federación, más de 20 personas vinculadas con el derribamiento ilegal de árboles.
Dijo que a lo largo del sexenio las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente han acumulado experiencias y recordó que en 2005 pobladores cuatro elementos de la Agencia Federal de Investigación y 16 policías municipales de Tehuacán fueron retenidos por pobladores de Nicolás Bravo.
Fuentes del gobierno estatal revelaron por esos días que madera clandestina estaba almacenada en 15 bodegas ubicadas en Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, algunas de las cuales pertenecían al entonces alcalde del primer lugar, Juan Romero Huerta, a Jerónimo Hernández, Celiseo Domínguez y a las familias Hernández Huerta, Hernández Montiel, Cid Cid, Tepole y los hermanos Téllez, de Rancho Cabras, quienes tenían los permisos de aprovechamiento forestal que en realidad les servían para poder cubrir la sobreexplotación de los árboles. El producto era comercializado en el valle de Tehuacán, Puebla, el estado de Veracruz y el Distrito Federal.
El 26 de abril del año pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, informó en su comparecencia ante el Senado de la República que el Ejército había combatido “ tala clandestina en los municipios de La Fragua y Victoria en el área del Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz”.
