Autoridades municipales y federales han establecido recursos legales supuestamente para evitar que se construya el fraccionamiento Jardines de la Montaña, ubicado en el bosque de la parte alta de La Calera. Pese a ello, la empresa Alteq ha desplegado una campaña publicitaria y un programa de atención a posibles clientes para vender casas en esa zona, sin importarle las prohibiciones y que se ha denunciado el daño ecológico que la edificación de casas provocaría en esa área.
Lo que sucede con Jardines de la Montaña es una muestra clara de la impunidad con que actúan los constructores en Puebla, que violan normas, depredan el medio ambiente, realizan fraudes y deterioran las condiciones de vida de la población, sin que ninguna autoridad les sancione o frene sus acciones.
Dicha situación es resultado de que en la mayoría de los nuevos desarrollos inmobiliarios, los accionistas de las empresas constructoras están vinculados al poder político o se dedican a corromper a los funcionarios que deberían actuar contra los abusos de quienes se encargan de levantar fraccionamientos.
En el caso de Jardines de la Montaña lo que se quiere es empezar a vender casas para que con el pretexto de que no se puede dejar sin vivienda a quienes ya contrataron créditos, y se debe autorizar la edificación de las casas. Eso no solamente es una forma de presión, sino ante todo un fraude contra quienes de buena fe adquieren una morada en ese sitio.
Si las autoridades municipales, estatales y federales no hacen algo contra Jardines de la Montaña, es previsible que los fraudes inmobiliarios sigan multiplicándose en Puebla.
