Pericles Olivares Flores, el actual secretario del Trabajo, está cobrando notoriedad por dos razones fundamentales: por el mal trato que da a los sindicatos de la UNT y por haber metido al Congreso en un brete legal terrible, que no va a gustar a muchos priistas, pues de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –luego del caso Lydia Cacho– va a resolver un caso de violaciones legales cometidas en Puebla y en particular, por los anteriores diputados locales.
Me explico: hace unos días el pleno de la SCJN atrajo el caso del abogado Germán López Brun, quien inició un par de juicios de amparo contra el procedimiento viciado que utilizó la pasada Legislatura local, encabezada por Pericles Olivares Flores, para ratificar a dos de los tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Puebla (TEEP) y que puede terminar, en que el máximo tribunal del país acabe destituyendo a los actuales miembros de dicho órgano de justicia.
Todo porque Pericles Olivares siempre minimizó los argumentos en contra de las maniobras que uso el Congreso para poner en el TEEP a Marco Antonio Gabriel González Alegría, quien actualmente es el presidente del Tribunal Estatal Electoral de Puebla y cuyo nombramiento fue estrictamente por criterios políticos.
González Alegría fue recomendado, en 2006, por el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido; por esa razón, la fracción del PRI comandada en ese año por Pericles Olivares, siguiendo la “línea” dictada desde la Secretaría de Gobernación, cometió muchos descuidos jurídicos para cumplir con ese cometido que ahora ha provocado la intervención de la Corte.
En 2006 los tres magistrados del TEEP eran López Brun, Reynaldo Lazcano y González Alegría. De los tres, los dos primeros reunían los requisitos para ser ratificados. El tercero de ellos, no tenía esa posibilidad por no haber estado un periodo completo frente al tribunal.
Sin embargo, de manera errónea alguien relacionó a López Brun con los intereses del grupo político Enrique Doger Guerrero y pese a que la mayoría de los diputados locales habían aceptado que tenía derecho a la ratificación, de última hora se inventaron un nuevo procedimiento –no contemplado en la convocatoria original– para sacarlo y al mismo tiempo, meter a Gabriel González Alegría en la conformación del TEEP que acabaron votando el 30 de septiembre de 2006.
Ese movimiento fue burdo y lleno de descuidos jurídicos. El problema principal es que cuando López Brun se inconformó por el cochinero cometido por el Congreso, el entonces presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo, Pericles Olivares Flores, en lugar de diseñar una estrategia adecuada para enfrentar la impugnación, creyó que no había nada qué hacer.
En octubre de 2006, López Brun ganó el primer amparo. La reacción del entonces líder de la fracción del PRI dejó mucho que desear. Los argumentos que presentó para intentar soslayar el recurso obtenido por el ex magistrado fueron los siguientes:
Dijo que en la revisión el Congreso ganaría el juicio, pues el PAN ya había presentado un recurso similar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y había sido desechado por improcedente.
Filtró que a Germán López Brun no lo habían aceptado los diputados locales por “soberbio”. Que además, en una comparecencia ante los legisladores, había calificado como un órgano menor el Instituto Estatal Electoral frente el TEEP.
Incluso se dijo en algunos espacios periodísticos, que se presentaría una serie de grabaciones en donde se ponía en tela de duda el comportamiento ético de Germán López Brun.
Todos esos argumentos son puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que no sirven de nada. El ex magistrado presentó argumentos jurídicos con un peso de tal magnitud que la Segunda Sala de la SCJN no pudo resolver el caso y decidió, solicitar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera dicho asunto, petición que ya se concretó.
Los argumentos de Olivares Flores son rebatibles y endebles. En primer lugar porque la impugnación del PAN es algo muy distinto a lo de López Brun. El Partido Acción Nacional cuestionó el desarrollo de la sesión del Congreso en donde se designaron a los actuales magistrados electorales, no tocó aspectos del procedimiento que en general se siguieron para nombrar a los integrantes del tribunal en cuestión.
En cambio López Brun argumentó que el Congreso emitió una convocatoria en la cual se establecía que los magistrados debían presentar un ensayo, ser respaldados por instituciones de educación superior y comparecer ante los diputados para que se estableciera si eran o no ratificados. Él cumplió con todo eso. El 16 de noviembre de 2006, la mayor parte de los legisladores determinaron que si era viable que repitiera en el puesto.
Luego, los diputados se sacaron de la manga una nueva disposición, la cual consistía en que los magistrados debían competir con aquellos ciudadanos que por primera vez buscaban ser integrantes del TEEP. Eso no estaba previsto en la convocatoria. Eso se hizo para que González Alegría pudiera ser electo.
Por si fuera poco, nunca le fundamentaron a López Brun de por qué le negaban el derecho de ser ratificado; por qué si ya había sido votado para que estuviera un periodo más, al final lo dejaron fuera de la última integración del pleno del TEEP; por qué debía competir con aquellos que no habían sido magistrados, lo cual es una condición de inequidad.
Acerca de las grabaciones, éstas nunca aparecieron. Aunque aparecieran eso no cambiaría las cosas, pues la discusión en la SCJN es de orden jurídico, no de escándalo mediático.
Dos enojos
Se dice, que en algunas instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo, hay molestia debido a que se creía que luego del caso de Lydia Cacho se habían acabado los problemas dirimidos en la SCJN.
Mucho de ese enojo es contra Pericles Olivares –que se supone es “un gran abogado”– y los encargados del área jurídica del Congreso local.
