Bajo protesta y después de muchas resistencias, la portátil Olivetti Lettera 22 fue reemplazada por la entonces novedosa AT 186; esta computadora carecía de disco duro y había que guardar los archivos en discos flexibles; era una lata cargar con cajas de discos por todas partes; ese fue el inicio formal de este diario que culminó un largo periodo de pruebas. Por esos años, sólo los letrados usaban computadoras y el internet; hoy, uno de cada cuatro hogares dispone de una pc y muy rápidamente se hacen obsoletos estos medios de trabajo. La primera encuesta que publicamos en el diario La Jornada de Oriente requirió de cuatro pc y de 20 horas de procesamiento; hoy, en fracciones de segundo, una lap top de menos de dos kilos procesa esa información.
El decenio perdido de los ochenta culminó con el monopartidismo emanado de la Revolución; en 1988, la ciudadanía sufragó mayoritariamente por Cuauhtémoc Cárdenas y exigió, además de una reorientación de las políticas económicas, la ciudadanización de los órganos electorales, un creíble sistema de partidos y respeto a la voluntad popular expresada en urnas; desde entonces se recela más de los medios de comunicación y se les exige credibilidad. En ese contexto surgió La Jornada de Oriente, y desde entonces ofrece a sus lectores opiniones puntuales sobre algunos temas de interés público.
Hay opiniones que varían al modificarse las condiciones de vida: en periodos de crisis económica, como lo fueron los años 1995 y 1996 o lo es el actual, se reniega del Ejecutivo federal, se rechaza al partido político vinculado a la administración pública federal y se exige una reorientación de las políticas económicas. Las valoraciones de la gestión pública no sólo se vinculan a la eficiencia de la gestión, sino también al cumplimiento de promesas y a la conducta política de los gobernantes. Los asesinatos no aclarados de Luis Donaldo Colosio, Mario Ruiz Massieu y Polo Uscanga, además del engaño sobre el boom de la economía mexicana y el enriquecimiento ilícito de la familia Salinas de Gortari llevaron al destierro del ex presidente Carlos Salinas, de quien se pidió su detención y enjuiciamiento. Con Mario Marín sucedió algo similar: fue muy bien valorado como presidente municipal (1998–2001), como precandidato a la gubernatura (de 2001a 2004) y como gobernador (2005) hasta que se hizo pública una grabación (14 de febrero de 2006) que lo vinculaba al comercio sexual de menores y evidenciaba abuso de poder y uso faccioso de los aparatos de Estado.
La eutanasia, el aborto y las sociedades de convivencia nos confrontan, en tanto que coincidimos en la confianza en instituciones como la familia, el Ejército, las universidades y la iglesia. Cada vez somos más los creemos en el uso de métodos anticonceptivos artificiales, la unión libre, las relaciones premaritales y el matrimonio con divorciados. A pesar del culto a la individualidad sustentado en la competitividad, nos refrendamos como una sociedad solidaria con los agraviados en sus derechos ciudadanos, entre ellos, los desalojados, reprimidos, discriminados, encarcelados y torturados por ejercer su libertad de expresión y organización.
Cuando iniciamos este proyecto periodístico éramos 4.1 millones de poblanos, hoy somos 5.9 millones lo que residimos en la entidad. El producto per. capita creció en eso años a una tasa anual del 1.7 por ciento, insuficiente para generar una demanda de empleo similar a la oferta o que al menos pudiera ocupar a los desempleados de la actividad agropecuaria. La salida de mexicanos al exterior fue inminente: el saldo migratorio neto con el exterior fue de medio millón anual. En 1990 había 4.8 millones de connacionales residiendo en Estados Unidos, este año son casi 12 millones. Los mexicanos residentes en Estados Unidos gozan del aprecio y solidaridad de los ciudadanos del municipio de Puebla, quienes demandan una actitud más firme del gobierno mexicano en la defensa de sus derechos así como una propuesta bilateral para regular el libre tránsito de personas entre ambos países.
La ciudadanía del municipio de Puebla se autodefine de centro derecha, en una escala del 1 al 5, donde lo primero es izquierda y lo segundo, derecha, se ubica entre 3.2 y 3.4, cuando hay elecciones es cuando más se polarizan las posiciones: a la izquierda, el 15 por ciento de los ciudadanos; a la derecha, el 25 por ciento. Para referenciar la posición promedio de los poblanos diremos que al PRD lo ubican en 2.6 y al PAN en 3.5 puntos de la escala del 1 al 5. Los ciudadanos de este municipio –que lejos están de ser de izquierda– refrendan la rectoría del Estado en materia de energéticos y se pronuncian en contra de las reformas del ejecutivo federal que violenta la letra y el espíritu de la Carta Magna. En el año de 1995 realizamos dos encuestas sobre privatización del gas y al 60 por ciento de los ciudadanos les pareció incorrecta esa decisión; ese mismo año se privatizó el manejo de los fondos para el retiro de los trabajadores y el 60 por ciento de los ciudadanos estuvo en desacuerdo con esa medida. Los gobiernos de Zedillo y de Fox intentaron privatizar el sector energético y para ello modificar la Constitución, sus iniciativas fueron rechazadas, pero en los hechos la realizaron con contratos de riesgo, más de la mitad de los ciudadanos estuvo en contra de dicha medida en los años 1998, 2002, 2003 y 2005; entre 1997 y 2008, dos de cada tres ciudadanos del municipio de Puebla consideraron positivo que el Estado sea generador exclusivo de energía eléctrica.
Este año hemos aplicado cuatro encuestas sobre la privatización de Pemex y, nuevamente 3 de cada cinco poblanos desaprueban esa medida, cuatro de cada cinco consideran positivo que Lázaro Cárdenas haya expropiado el petróleo y siete de cada 10 se pronuncian por que los diputados federales de Puebla y los senadores voten en contra de la privatización de Pemex. No aceptan que se concesione a particulares la exploración y extracción de petróleo y gas; tampoco aceptan que sean particulares los que transformen estas materias primas, la distribuyan y vendan y mucho menos, que la renta petrolera les sea endosada, como lo pretenden los panistas. Se descalifica una consulta popular sobre la privatización de Pemex por que se conoce el resultado: no se acepta que sectores estratégicos para el desarrollo sean apropiados por particulares. El pueblo es el soberano y, en el mejor de los casos, sus representaciones legítimas –que no es el caso–, son las depositarias de soberanía y la ejercen según el mandato popular; las instituciones de Estado no son por definición ni por naturaleza soberanas para sí y en sí. La consulta es necesaria.
