Hace justo dos semanas, la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, denunció la incursión militar de 200 soldados, así como de judiciales y policías en los pueblos zapatistas de Hermenegildo Galeana y San Alejandro, del Caracol de La Garrucha. El silencio mediático fue casi absoluto. Tanto La Jornada como La Jornada de Oriente, describieron los hechos y alertaron sobre la situación. Sin embargo, el promedio de los mexicanos se informan a través de los espacios noticiosos de radio y televisión, y como estos programas ignoraron la denuncia, para la gran mayoría de las audiencias, no pasa nada. La tele no lo ha dicho.

Esta situación sería una anécdota más, de no ser por el claro cerco mediático que hay sobre cualquier alusión al tema zapatista. Lo paradójico es que pese a existir opciones informativas alternas a las grandes industrias mediáticas, los ciudadanos se conforman con el mínimo esfuerzo. No hay búsquedas y las opciones existentes son frecuentadas por muy pocos.

En el texto Diferentes, desiguales y desconectados, Néstor García Canclini reflexiona sobre los mapas de la interculturalidad y presenta un concepto que se aplica cabalmente a la situación mediática que afecta a los ciudadanos: los derechos conectivos, “o sea, la participación en la industria cultural y en las comunicaciones”.

La CEPAL y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ofrecen un esquema operativo para tratar diferencias, desigualdades y desconexiones. En este breve texto, estoy interesada en la última categoría. El estudio referido amplía la noción de derechos culturales y muestra que la valoración de las diferencias debe complementarse con los derechos conectivos.

La tragedia es que muchísimos mexicanos que tienen la infraestructura para estar cabalmente informados, no hacen el mínimo intento por salir de la inopia. “El acceso y desigual a las industrias culturales, sobre todo a los bienes interactivos que proveen información actualizada, ensanchan ‘las distancias en el acceso a la información oportuna y en el desarrollo de las facultades adaptativas que permiten mayores posibilidades de desarrollo personal, generando así menores posibilidades de integración socioeconómica efectiva”, señala García Canclini.

Entonces el drama reside en que los zapatistas están prácticamente solos, porque las industrias mediáticas los tienen cercados, y los ciudadanos que podrían estar bien informados porque tienen posibilidades de conexión, simple y sencillamente no están interesados, y están desmovilizados.

La efectividad de la transmisión de información basura es elocuente. Según la revista Hola que lleva en portada a Edith González y a su pequeña hija, la revelación de que la niña era hija del senador panista Santiago Creel, generó mil 200 notas en dos días. En contraste, la información de los pueblos zapatistas hostilizados hace apenas dos semanas, ha tenido una mínima atención de la industria de la información.

En el texto “Sentir el Rojo: El calendario y la geografía de la Guerra”, el Subcomandante Marcos señala que “Como hace tiempo no ocurría, nuestras comunidades, nuestras compañeras y compañeros, están siendo agredidas. Ya había pasado antes, es cierto. Pero es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional, ha sido insignificante o nula.” De este señalamiento han pasado seis meses. Hoy parte una misión de acompañamiento a La Garrucha. Van los conectados… Usted, ¿está conectado o desconectado?

Son numerosos los académicos, estudiosos y periodistas que coinciden en afirmar que la reglamentación sobre el uso de los mass media en México tiene grandes lagunas. Esta afirmación se manifiesta prácticamente de manera institucional cada año en el día de la libertad de prensa. En otras palabras la cuestión tradicionalmente se había mantenido desde la perspectiva tanto de la libertad de prensa como de la libertad expresión y más recientemente del derecho a la información. Sabemos que estos derechos están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Artículos: 6º y 7º).

Sin embargo, a últimas fechas, y con la descomposición de lo que otrora fueran los pactos no escritos al interior de la sociedad civil y sociedad política en el Estado Mexicano; la cuestión de los medios rebasa el ámbito de la manifestación de ideas, de la libertad de expresión y del derecho a la información. Hoy lo que está en juego es la concepción del espacio aéreo mexicano como espacio de interés público. Y más allá de la aviación nos referimos al medio físico en el que se propagan las ondas electromagnéticas, que según el artículo 27° de nuestra constitución y el 1° de la ley federal de radio y televisión: es dominio de la nación “inalienable e imprescriptible”. Sin duda una de las razones de más peso para este giro sea la necesidad de una verdadera democratización al interior del propio Estado Mexicano, en donde el uso de los medios de información juega un papel preponderante. Como afirma Beatriz Solís: “Para Hablar de la normatividad de los medios de comunicación es necesario deslindar la naturaleza de su legislación. ¿Se trata de un conjunto de leyes que pueden ubicarse en la esfera del derecho privado o del derecho público? O bien, ¿Debe identificarse con el derecho social? Esta última clasificación parece en principio la más adecuada ya que el manejo de los medios y la difusión masiva de mensajes no pueden considerarse una actividad exclusiva del Estado pero tampoco una actividad en la que los particulares tienen el dominio absoluto”. “Existe una parte de la legislación sobre los medios que debe claramente constituirse desde la perspectiva del derecho público, en virtud de que se refiere a la organización propia del Estado y a su actividad a través de organismos dotados de poder público. También es cierto que existen una serie de operaciones que se desarrollan bajo los patrones de derecho privado, como compra ventas de tiempos y espacios....los matices anteriores recuerdan que la división entre derecho público y derecho privado no es absoluta, sino que tiene un cierto peso interpretativo que va cambiando conforme se modifican los distintos valores a lo largo de la historia... el solo planteamiento de la existencia de un derecho social, relativiza claramente las divisiones entre derecho público y privado. Aparentemente detrás de cada división del derecho hay protagonistas distintos: detrás del derecho público está el Estado; detrás del privado la persona individual; detrás del derecho social los grupos sociales”.

Así la cuestión de los medios de comunicación, rebasa el ámbito de lo estrictamente jurídico, que tiene una importancia específica, pero que nos pide introducirnos en aguas menos claras. Es decir, el asunto está emparentado también con lo social y por consiguiente con lo político pues finalmente lo que se está jugando es la posibilidad de la utilización equitativa del recurso espacio aéreo como propiedad de la nación, como un recurso y bien público. De lo que se trata es de plantearnos la necesidad de equidad en el uso de este bien de la nación, de este bien público. Del acuerdo que logremos al respecto, sin duda dependerá el fortalecimiento de nuestra democracia. De ahí la necesidad de una nueva ley de medios pues sin la posibilidad real de que todos los afectados por una norma establezcan consensos, no habrá posibilidad de justicia ni en el fondo, posibilidad de nación.

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