Según el reporte elaborado por las subdirecciones de Planeación, Coordinación y Evaluación, así como de Finanzas y Administración, las fallas detectadas en el oleducto San Martín–Venta de Carpio, que atraviesa por los municipios de Huejotzingo, Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, representan un grave riesgo para la población que vive en los alrededores, así como a los empelados involucrados en la red transmisora.
Es más, el informe sostiene que un eventual colapso en esas 168 fallas generaría otros problemas, como son la afectación en el suministro de crudo a las refinerías de Tula y Salamanca. En caso de esto ocurra, el país estaría obligado a gastar 30 mil millones de dólares por la necesaria importación de gasolina y diesel.
Y es que en caso de una afectación a esa red transmisora habría un desabasto en las zonas de mayor demanda de combustible, como valle de México, noreste, bajío y Yucatán.
Con base en la información de corresponsales en la región de San Martín Texmelucan, la zona por donde cruza el oleducto San Martín–Venta de Carpio, existe una serie de denuncias por afectaciones a la población y al medio ambiente. Tal es el caso de la comunidad de Moxoláhuac, ubicada en Santa Rita Tlahuapan, en donde reporteros han confirmado que el oleoducto está a ras de la tierra y a escasos 100 metros de un preescolar.
La deuda y la crisis
El documento elaborado por las subdirecciones de Planeación y Finanzas tenía como finalidad recomendar a las áreas de Programación y Presupuestación Financiera, así como a la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex Refinación, a que propongan una negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de que garantice un presupuesto mínimo indispensable para la operación y el crecimiento de dicha área.
De no llevarse a cabo dicha negociación, advierte el análisis, existen una serie de problemas a enfrentar. Por un lado, estaría el riesgo que implica en la población y las finanzas del país no atender las 168 fallas en el oleducto San Martín–Venta de Carpio, pero también Pemex Refinación estaría imposibilitada de hacer a las deudas y obligaciones contractuales con dicho sindicato petrolero.
Por ejemplo, dicho documento plantea que Pemex Refinación contaba hasta octubre de 2007 con una serie de facturas vencidas por un monto de 928 millones de pesos, los cuales fueron destinados a gastos de operación, pero, para el ejercicio fiscal 2007 requería una inversión adicional de 214 millones.
Para el bimestre enero–febrero de 2007, Pemex Refinación pudo hacer frente a los gastos para el pago de proveedores y prestadores de servicios; sin embargo, a lo largo del año había otra serie de compromisos que debían cumplirse, como la adquisición de sustancias químicas y catalizadores.
La falta de pagos para dichos proveedores propició que los empresarios amagaran con suspender la entrega de los productos si no se regularizaba la liquidación de los mismos.
Necesidad de inversión
Con base en la información contenida en el reporte, Pemex Refinación estaba obligada a negociar un presupuesto por 9 mil 355 millones de pesos para el área de operación, mientras que para la inversión en infraestructura se requerían alrededor de 2 mil 920 millones de pesos.
Empero, el documento también advierte que esa inversión sólo permitiría salir al paso de las exigencias contractuales, de operación e inversión mínima, ya que para que Pemex Refinación pudiera operar con finanzas sanas era necesario destinar 8 mil 92 millones de pesos en gastos de operación, y en inversión alrededor de 7 mil 764 millones.
Así pues, las consecuencias de no tener dinero para invertir en el funcionamiento de Pemex Refinación se evaluarían en dos vertientes: por un lado, se carecería de insumos y contratación de servicios de mantenimiento en refinería y el sistema de suministro; por otro lado, la paraestatal perdería más de 10 millones de pesos al reducir el proceso en la producción de crudo.
A esto se sumaría la necesidad de erogar más de 30 mil millones de pesos por concepto de importación de gasolinas y diesel, y lo mas grave, riesgos de accidentes, con el daño consecuente con los trabajadores y a la población que viven en zonas aledañas, así como al entorno ecológico.
