El desalojo lo realizó el gobierno del estado y empleó en esa tarea a 250 agentes de la Policía Estatal que a su vez fueron apoyados por la Policía Municipal; los desalojados alegaron violencia y maltratos, pero los oficiales encargados de la operación negaron haber golpeado a hombres, niños y mujeres.
En las primeras horas de este 31 de mayo, agentes de Gobernación llegaron al lugar para avisarles que el Juzgado Tercero en materia penal había fallado a favor de Arturo Tecuapetla Hernández, quien acreditó la legítima propiedad del inmueble, y tenían que desalojar el lugar, ya que en camino venía la Policía Estatal.
La mayoría de las poco más de 800 personas que estaban habitando en improvisadas chozas de cartón, plástico, madera y algunas láminas levantaron sus pocas pertenencias y comenzaron a abandonar el lugar, ante la advertencia de quien permaneciera cuando los agentes de la policía llegaran serían sacados por la fuerza.
Sin embargo un grupo de unos 60 hombres y mujeres con niños optó por permanecer ahí argumentando que ese lugar era suyo, pues ya habían comenzado a pagar cuotas a su “líder”; aunque hubo un conato de bronca, finalmente fueron sacados del predio.
“Vinieron a agredirnos, a pegarles a las mujeres embarazadas y a los niños; nos patearon nuestras casas y las quemaron, ¿esto es justo?”, reclamaba una mujer enardecida que posteriormente comenzó a lanzar toda clase de insultos en contra de la edil capitalina, Blanca Alcalá Ruiz, y del gobernador, Mario Marín Torres, a quienes reclamó que ella junto con su familia y quienes habitaban ilegalmente el lugar que no tuvieran dónde vivir.
El comandante operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento de Puebla, Alfredo Hernández de Jesús, afirmó que en ningún momento hubo violencia y malos tratos a los desalojados; calificó la operación como “pacífica” y agregó que incluso observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dieron constancia del desalojo.
Una vez fuera del terreno, que nuevamente fue resguardado por su dueño, los paracaidistas bloquearon los dos carriles de la avenida 11 Sur a la altura de la 141 Poniente, en protesta por lo que consideraron una “gran injusticia”, pues “los pobres siempre somos los más perjudicados, para nosotros lo más difícil es encontrar un lugar digno dónde vivir”.
No todos participaron en el bloqueo a esa avenida; algunos de los que habían invadido el terreno únicamente tuvieron que caminar unos metros para regresar a la casa de dos pisos cómodamente amueblada que habitan en un fraccionamiento vecino.
En un comunicado que envió el ayuntamiento de Puebla ese mismo día se informó que “el desalojo de los paracaidistas se realizó sin contratiempo alguno, y no se registraron personas afectadas en su integridad física (sic), además de que se contó con la presencia de dos representantes de la Comisión de Derechos Humanos del estado, el Ministerio Público, así como la Policía Municipal, Estatal, Judicial y Auxiliar.
“Como lo ha señalado la presidente municipal, Blanca Alcalá Ruiz, el ayuntamiento de Puebla reitera su firme convicción de que se respete el marco de Derecho y se salvaguarde el orden público. En el operativo participaron 150 elementos de la Policía Municipal, encabezados por el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Hidalgo Vigueras; el director de la Policía, Humberto Rivera García y también funcionarios de la Secretaría de Gobernación del municipio”.
