Con un proceso legal plagado de anomalías, el pasado jueves el juez Cuarto de lo Penal, Alberto Miranda Guerra, dictó auto de formal prisión a cuatro trabajadores de la empresa Lock que son acusados de participar en el robo de 15 millones de pesos, por lo que tanto los abogados defensores como las familias de éstos han declarado que buscarán obtener un amparo.
Las personas que se encuentran en esta situación son Martín Rivera, José Luis Lozada, Jorge Villegas y Daniel Romero, el abogado de éste último ha declarado públicamente que dijo que se evalúa si resulta conveniente apelar de la decisión del juez, o buscar un amparo.
Uno de los abogados que participó en este caso y logró que su defendido fuera liberado, Miguel Ángel de Lara, denunció que la participación de Víctor Pérez Dorantes, titular de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), ha impedido que se haga una correcta defensa de los detenidos.
Por el contrario, amenazó con causar más daños a los detenidos, particularmente a Luis Iván Macías Cruz, quien logró su liberación. Pero las anomalías cometidas por la Procuraduría General de Justicia en este caso comenzaron desde la detención de los custodios, pues declararon ante el Ministerio Público sin que se les permitiera contar con la asesoría de un abogado.
Es importante recordar que también existen muchas irregularidades en la misma empresa del traslado de valores, pues el día que ocurrió el robo, la camioneta llevaba 15 millones cuando sólo es permitido que se transporten 6 millones.
En la opinión de Miguel Ángel de Lara, la actuación de la Procuraduría General de Justicia y en general en el proceso legal de los detenidos tiene como objetivo ocultar lo que verdaderamente ocurrió, y encubrir a los responsables del delito.
El abogado asegura que buscó entrevistarse con Rodolfo Igor Archundia Sierra, procurador de Justicia, para comentarle de todas las irregularidades que han marcado este caso, pero éste se negó a atenderlo.
Mientras tanto, las cuatro personas a las que se les dictó auto de formal prisión cuentan con 15 días para apelar la decisión del juez o buscar un amparo de la justicia federal.
