Pese a que el presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, está siendo investigado por haber violado la ley que rige a este organismo, fue nombrado presidente de la IX Asamblea Nacional de los Órganos Garantes del Acceso a la Información de la República, que se llevará a cabo en Puebla en agosto del presente año.
La actitud asumida por Antonio Juárez Acevedo en los últimos meses de no dejar el cargo que ostenta ni demostrar plenamente que no violó la ley ha sido un comportamiento carente de ética. Pero que ahora este funcionario se proponga encabezar la reunión nacional de órganos garantes de acceso a la información pública es un acto de cinismo.
Aunque en este asunto el peor comportamiento ha sido de parte de los diputados del PRI de la pasada y la presente legislatura local, quienes han solapado la falta de ética y de cinismo de Juárez Acevedo. Lo más grave de todo esto es que los legisladores no perciben el daño que están provocando al quehacer público que ellos mismos desarrollan.
El Congreso local, al no sancionar con la rapidez necesaria el caso de la CAIP, contribuye a que en Puebla exista impunidad y se reste credibilidad a todas las instituciones públicas.
Por esa razón cada vez se le da menos importancia a las determinaciones del Poder Legislativo local, pues sus integrantes acaban violando las normas que ellos mismos crearon.
