En los últimos días, se argumentó que Tlaxcala debe contar con leyes de vanguardia que regulen el sistema hacendario, fiscal y financiero. Se asevera que la deuda pública bien administrada es una herramienta para el desarrollo de pueblos y comunidades.
Cuando se apunta el concepto “bien administrada”, en los hechos se describe un “mundo ideal”, que aparece en los libros de texto, pero que es ajeno a las condiciones reales que hoy experimenta nuestra sociedad.
Se afirma, por ejemplo, que la deuda debe estar “focalizada” a proyectos de desarrollo e infraestructura perfectamente definidos, que justifiquen y fundamenten su utilidad social y su viabilidad económica, y que sean debidamente cuantificados precisando su costo al servicio de la deuda y además, que deberían estar inscritos en un registro público especial de deuda con oportunidad y transparencia, así como reportados mes a mes de manera detallada en un apartado específico de la cuenta pública, al cual debería tener acceso y facultades de fiscalización el Congreso del estado a través del Órgano de Fiscalización Superior. En suma, lo que en un curso de finanzas públicas señalaría que un gobierno debe generar institucionalidad, políticas, programas, recursos y alianzas con el sector privado para la inversión en innovación y competitividad. ¿Está es la realidad de Tlaxcala?
Cada entidad de la República tiene su ruta, su camino para crecer y desarrollarse. En Tlaxcala –hasta ahora– carecemos de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que garanticen al pueblo que los recursos públicos se vincularán al desarrollo y a favorecer la calidad de vida de los tlaxcaltecas. En este contexto, es necesario advertir que el Congreso local fue criticado por el CIDE, en virtud de que en materia de acceso a la información a nivel nacional, ocupa el antepenúltimo lugar de las 31 entidades federativas por la opacidad con la que ejerce su función pública y por el incumplimiento a la ley en la materia. Los organismos públicos descentralizados considerados autónomos no escapan al control que se ejerce desde las instancias gubernamentales.
La opacidad que se ejerce desde esa instancia gubernamental se sintetiza en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 de Transparencia Mexicana en el que Tlaxcala ocupa el lugar número 30 cuando en 2003 tenía el lugar número 14. En este tenor merece especial atención el hecho de que la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales estatal no haya dado respuesta a ninguna de las solicitudes que ha recibido.
En suma, en el debate sobre la deuda pública, han privado más los intereses personales o de grupo, sobre el interés colectivo. Se ha puesto en escena un estilo político destinado a la perpetuación del poder. Se ha renunciado al diálogo político; la oposición es deslegitimada e ignorada; y se empieza a impulsar una cultura deslegitimadora de lo público; para privatizar los activos de la entidad.
En este debate no hay propuestas para crear instituciones e instrumentos de control democráticos. Por el contrario, hay fuertes dosis de propaganda y de las más agresivas formas de control político, que inhiben el debate político real. Frente a esta realidad queda claro que el gobierno estatal debe aprender a gastar y rendir cuentas de los recursos económicos que le transfiere la Federación a Tlaxcala antes de pensar en contratar deuda pública.
* Senador de la República por el PRD
