Ayer, la fracción legislativa del PAN presentó su iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado de Puebla, que propone la modificación y adición de 36 artículos incluyendo desde la sanción penal a funcionarios que se nieguen a cumplir una disposición de acceso a la información hasta que las instituciones educativas públicas sean incorporadas como sujetos obligados.
Entrevistado luego de la Junta Previa para la instalación de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, el líder de la fracción del PRI asumió una postura ambivalente sobre la iniciativa panista, pues al principio argumentó que su bancada presentará su propia propuesta y sugirió que no necesariamente apoyarían a la oposición, pero terminó por respaldar los dos principales planteamientos del PAN.
Bailleres Carriles aseveró que será en las comisiones de unidades de Transparencia y Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales donde se discutirán y analizarán todas las propuestas. Argumentó que su partido acatará la reforma aprobada en el Congreso de la Unión “en todos sus términos y no tenemos pensado hacer una modificación extra”.
Sin embargo, a pregunta expresa de una reportera, el líder del Congreso local señaló que el PRI sí apuesta por dotar de autonomía a la CAIP del poder Ejecutivo, además de que está a favor de que los partidos políticos sean incluidos como sujetos obligados de la Ley de Transparencia.
La iniciativa presentada por Acción Nacional plantea reformar y adicionar 36 artículos de la Ley, pero destacan siete aspectos medulares. En primer lugar, la incorporación de las instituciones educativas públicas, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y todo sujeto que ejerza recursos públicos y no pertenezcan a la administración pública como sujetos obligados.
En segundo término, se pretende que todos los funcionarios públicos informen la remuneración mensual bruta y neta que perciben, así como las compensaciones y cualquier otro tipo de ingresos y prestaciones. Este apartado ha sido uno de los más criticados y demandados por organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema de transparencia.
Otro punto es que los sujetos obligados deberán informar mensualmente de los resultados de las auditorías que se practiquen en sus instancias, además de los contratos, adjudicaciones y prestación de servicios públicos y privados, así como sus resultados en cada una de sus fases, lo mismo que los recursos públicos entregados a personas físicas y morales.
