Aunque el cabildo del ayuntamiento de Puebla aprobó ayer por unanimidad el proceso de entrega–recepción de la administración de Enrique Doger al actual gobierno, los regidores de todas las fracciones partidistas ahí representadas dejaron constancia de que hubo irregularidades cometidas en la gestión anterior, por lo que se instruyó a la Contraloría del municipio para que requiera a los ex funcionarios que sean necesarios y sean éstos los que aclararen todos los señalamientos.
“La aprobación del presente dictamen no exime de sus responsabilidades a los integrantes y servidores públicos del ayuntamiento saliente”, señala el escrito aprobado por los 24 representantes populares poblanos. Sin embargo, el coordinador panista Pablo Montiel Solana dijo que su partido no se prestará a una “cacería de brujas, ni a un circo mediático” con la comparecencia de ex funcionarios, pero solicitó a la alcalde, Blanca Alcalá Riuz, que no queden impunes las irregularidades detectadas.
Este jueves, en sesión extraordinaria, los regidores argumentaron que hubo fallas en la secretaría del ayuntamiento, en la Tesorería, en la Secretaría de Administración, en la Secretaría de Administración Urbana, la Coordinación de Regidores y en el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL).
La irregularidad más grave es la desincorporación del inventario de 160 vehículos que fueron “donados” a la Fundación Cáritas de Puebla, quien a su vez los vendería como chatarra; las ganancias serían aplicadas a las labores sociales de esa casa de asistencia, pero Cáritas sólo recibió 200 mil pesos en efectivo por parte de una empresa desconocida, “lo cual ya es una irregularidad, porque el ayuntamiento no puede vender su patrimonio”, señaló el regidor del PRD Jaime Cid Monjaraz.
Otras inconsistencias detectadas son que la Tesorería omitió demostrar documentalmente la aplicación de recursos para indemnizar a los ejidatarios de San Baltasar Campeche; la Secretaría de Administración entregó 36 bases de trabajadores al sindicato en los últimos dos meses del pasado gobierno sin que todos los beneficiados cumplieran con los requisitos establecidos y sin la autorización del cabildo.
Tampoco se encontró en el listado de obras realizadas el pozo de agua que supustamente fue construido y equipado en la junta auxiliar de La Resurrección, de acuerdo con lo afirmado con Doger en su tercer informe de gobierno; de igual forma, se señaló que el OOSL no reportó en su expediente tributario el pago de cuotas al IMSS, al SAR y al Infonavit en los últimos tres años; tampoco aparece el pago de multas al Seguro Social de esa misma dependencia.
Una vez concluido y aprobado el proceso de entrega–recepción, la Secretaría del ayuntamiento entregará esa información al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado para que haga las revisiones correspondientes y actúe en consecuencia contra la pasada administración municipal. Mientras, la Contraloría tendrá un plazo de tres meses para definir si habrá sanciones o no contra ex funcionarios.
