Las recientes iniciativas relacionadas con la reforma del sector petrolero en nuestro país se basan en dos argumentos principales. Por una parte, el gobierno federal, el Partido Acción Nacional y ciertos sectores de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial, aseguran que Pemex no cuenta con la capacidad técnica para aprovechar los yacimientos petrolíferos que tiene el país, particularmente en lo que se conoce como aguas profundas, es decir, a más de 3 mil metros bajo la superficie del mar.
Por otro lado, se dice que Petróleos Mexicanos tampoco tiene los recursos monetarios suficientes para efectuar esa empresa, y que de hecho se encuentra al borde de la quiebra.
Esas son las dos principales razones esgrimidas para el manejo de iniciativas que, particularmente, incluyen o precisan la participación de empresas privadas en las tareas de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.
Sin embargo, el debate nacional en torno a estas iniciativas, o a sus propuestas alternas, ha relegado o de plano ignorado argumentos técnicos, aportados por académicos e investigadores mexicanos. La discusión se ha centrado en el terreno político y ha dejado de lado el manejo de escenarios construidos desde el campo de las ciencias.
Por ejemplo, en la estructura de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, existe el Programa Universitario de Energía, uno de cuyos investigadores, Gerardo Bazán Navarrete, da cuenta de un dato crucial: ninguna empresa en el mundo cuenta con la tecnología debidamente desarrollada para explorar a 3 mil metros, o más, de profundidad en el mar.
Curiosamente, la compañía que más ha desarrollado estos dispositivos es la estatal noruega Statoil, en cambio, ninguna de las grandes empresas petroleras del mundo ha logrado mejorar esa tecnología para explorar y explotar yacimientos a más de 3 mil metros.
En cuanto al aspecto financiero, que destaca la situación que atraviesa Petróleos Mexicanos, lo que insistentemente no se dice es que el gobierno obtiene hasta 40 por ciento de sus ingresos fiscales de las ganancias de Petróleos Mexicanos, al que literalmente explota y deja sin utilidades.
Por concepto de impuestos y pago de derechos, la paraestatal mexicana paga más de lo que gana. Y eso es todos los años. Aquí sólo se necesita un poco de sentido común. Si a usted le quitan todo lo que gana en un año, pues de qué va a vivir. Y si a eso se suman la corrupción (sólo recuerden el caso de aquellas cirugías plásticas que se hizo la mujer del ex director de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, que en ese momento era director de Pemex, y que fueron cargadas a la compañía. Supuestamente devolvieron el dinero, pero hasta después de que trascendió al público. Si no hubiera sido así lo más probable es que se quedara en el terreno de la impunidad.
Y es que eso es lo que ha ocurrido con Pemex: por una parte una carga fiscal gubernamental agobiante, pero por la otra es un auténtico festín de despilfarros, fraudes y corrupción. Sólo recuerden los mil 400 millones de pesos del Pemexgate, que sirvieron para oxigenar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. La suma de estos factores es lo que tiene a Pemex al borde de la bancarrota. Y hay que insistir en su modificación.
Mucho se ha insistido en que no se trata de privatizar a la empresa, pero los hechos demuestran justamente lo contrario. Para no ir más lejos, la más reciente iniciativa enviada por Felipe Calderón a la Comisión Permanente propone un régimen fiscal especial para particulares que participen en exploración y exploración.
Entonces, si permitir que particulares participen en la exploración y explotación, no es privatización; si otorgarles ventajas fiscales en este proceso, no es privatización, entonces hay que llamar a la Academia Española de la Lengua porque aquí en México el gobierno federal se ha inventado un nuevo término para no llamar privatización a algo que a todas luces es privatización.
En este sentido México va a contracorriente de la tendencia regional. Prácticamente todos los países latinoamericanos están recuperando el control y manejo de sus riquezas energéticas. Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador han decidido retomar sus yacimientos petrolíferos y gasíferos. Y eso se ha reflejado en un notorio incremento de su Producto Interno Bruto. Ahora mismo Venezuela está creciendo a un promedio de 7 a 9 por ciento anual del PIB.
En cambio, México no está más allá del 3 por ciento. De hecho sólo estamos por encima de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental.
Por otra parte, parece que nos quieren hacer olvidar la catástrofe que han significado las privatizaciones en nuestro país. Para concluir, dejo estas preguntas: ¿en manos de quién estaban los bancos cuando la crisis de 1994–1995, que desembocó en el tristemente famoso Fobaproa? ¿En manos de quién estaban las concesiones carreteras cuando se fueron a la quiebra en 1997? ¿Quiénes eran los dueños de los ingenios azucareros expropiados en 2001?
En todos los casos es la misma respuesta: de la iniciativa privada, es decir, de particulares a los que se dio una concesión o un permiso para abrir un banco o para hacerse dueños de él, y por cuyos malos manejos se fueron a la quiebra y hubo necesidad de rescatar, con dinero público. En pocas palabras: beneficios para unos pocos, consecuencias nefastas para casi todos.
También recuerden lo que ocurrió con la compañía estadounidense Enron.
