Militantes de la organización Antorcha Campesina (AC), afiliada al Partido Revolucionario Institucional, fueron denunciados penalmente de nueva cuenta por ciudadanos del municipio de Huitzilan de Serdán, quienes los acusaron de un intento de asesinato contra dos personas y una golpiza contra un joven que habló con visitadores del Panel de Observación de Derechos Humanos.
Ayer al mediodía arribaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) Ramírez Gobierno, su esposa María Gómez Cañadero y el hijo de ambos, José Gobierno Gómez, Miguel Cruz –quien fungió como traductor de la pareja, que no habla español– y Fernando Cuéllar Muñoz, presidente de la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Joel Arriaga.
Los visitantes solicitaron una audiencia con el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia, quien los remitió con Carlos Alberto Pérez Suero, director Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procedimientos.
Minutos antes de que platicaran con el funcionario y ratificaran la demanda que desde principios de año emprendieron contra sus agresores, los agraviados concedieron una entrevista a esta casa editorial, en la que dieron a conocer los hechos.
Recordaron que el 13 de enero, al filo de las 4 de la mañana, un grupo de hombres disparó contra Ramírez Gobierno –de 54 años– y su hijo José Gobierno Gómez. Los extraños accionaron por los menos en siete ocasiones sus armas de fuego: dos impactos de bala calibre 22 fueron a dar a la región hepática del padre y una más a la clavícula izquierda de su vástago. Cuatro proyectiles quedaron marcados en la pared del inmueble.
Del atentado, Ramírez Gobierno quedó lesionado permanentemente, al punto que ahora tiene que cargar con una diálisis.
El campesino, quien fue militante de AC identificó a tres de los atacantes, quienes también están afiliados a dicha organización: Manuel Hernández Pasión, Delfino Monterde Ramírez y Juan Carlos Monterde.
A pregunta expresa, Ramírez Gobierno y su esposa coincidieron en presumir que la ofensiva fue una reprimenda de los antorchistas porque él los abandonó, lo cual prueba que ellos “no están con el pueblo, como dicen”.
El caso de Ramírez Gobierno fue conocido por Panel de Observación de Derechos Humanos para Puebla –conformado por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Joel Arriaga Navarro, el Nodho de Derechos Humanos, el Comité Pro Liberación de los Hermanos Cerezo–Puebla y la Red Democracia y Sexualidad– cuyos visitadores platicaron con él y con su hijo Manuel Gobierno Gómez de 18 años, el 26 de abril del presente año.
Por la noche, un par de antorchistas golpearon a Manuel Gobierno y le dijeron que no le temían a ningún ombudsman, según declaró el afectado ayer ante el Representante Social.
Asimismo, El pasado 5 de mayo, Miguel Cruz, quien está fungiendo como observador de los procesos de elección en esa población, se percató de que su domicilio estaba siendo vigilado por tres hombres vestidos de negro, quienes tenían el rostro cubierto con un pasamontañas del mismo color.
Cruz, quien ayudó ayer como traductor en la entrevista, dio cuenta de lo sucedido a la Policía Municipal e incluso al edil de Huiztilan, Facundo Ayance de los Santos, quien dijo que se encargaría personalmente del asunto, pero no cumplió.
Posteriormente al encuentro con autoridades, Fernando Cuéllar Muñoz consideró que Archundia “mostró mucha disposición”.
