Un grupo de 22 instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad Autónoma de Puebla, sufrió un recorte presupuestal por el cambio de normas del Fondo Adicional del Subsidio Federal. Por esa razón, los centros de enseñanza que resultaron dañados por esta modificación solicitarán al Congreso de la Unión que se les conceda un aumento de presupuesto para compensar los fondos perdidos.
Lo que ha pasado se inscribe en una serie de factores –generados desde el gobierno federal– que en los últimos años han provocado un recorte a los recursos económicos destinados para las universidades públicas, además de que han sufrido una reducción en su matrícula. Antes las instituciones de este rubro tenían a dos terceras partes de los alumnos de educación superior, y ahora solamente tienen inscritos un tercio de ese universo de estudiantes.
En los hechos, eso que está ocurriendo es un proceso de privatización de la educación superior, ya que no solamente se ha debilitado a las universidades públicas, sino que se ha fortalecido, con recursos del erario, la donación de terrenos y otros beneficios a las instituciones privadas.
Lo grave es que muchas universidades del sector privado se reducen a ser simples negocios, y su calidad académica es deficiente.
Este esquema significa negar la posibilidad de cursar educación superior a amplios sectores de la población que no pueden tener acceso a la enseñanza privada, además de debilitar la investigación científica que se realiza en las universidades públicas. Todo ello generará consecuencias negativas al desarrollo social del país.
