Al menos 10 ex ediles enfrentarán un proceso penal ante la justicia local por negarse a entregar sus cuentas públicas para clarificar el uso y destino de los recursos que ejercieron en el pasado mes de diciembre y en los últimos 15 días de sus respectivos mandatos.
El encargado del despacho de auditor mayor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Luciano Crispín Corona Gutiérrez sostuvo que ya promovió y está en proceso de elaborar algunas de las respectivas denuncias penales en contra de las citadas autoridades para “fincar responsabilidades, ya que no podemos dejar sin revisar cómo ejercieron sus recursos por el simple hecho de negarse a presentar la comprobación de sus gastos”.
Abundó que la responsabilidad de esta omisión es de los ex presidentes municipales, quienes son los obligados de entregar sus estados financieros al OFS, por lo cual “estamos solicitando el apoyo de las autoridades correspondientes para que los ayuntamientos entreguen toda la información a fin de que nosotros estemos en la posibilidad de elaborar los dictámenes. No recuerdo cuáles son los municipios, pero decidimos actuar por esta vía para evitar que las ex autoridades dejen de cumplir con lo que determina la legislación”, apuntó.
Los 10 ex servidores que están en esta situación son porque en siete casos no han entregado sus estados financieros del mes de diciembre pasado y los primeros 15 de enero de 2008, mientras los otros tres casos son porque no han hecho lo correspondiente de los últimos días de su mandato municipal.
“Los ex alcaldes tenían hasta el pasado 15 de febrero para entregar sus cuentas públicas de los primeros días de enero, pero no lo han hecho y ante la falta de interés y compromiso, decidimos solicitar el apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que coadyuve con nosotros y se subsane esta situación”, acotó el encargado del despacho del OFS.
Por otra parte, respecto del retraso en la elaboración de los dictámenes de cuentas públicas municipales de 2007, Corona Gutiérrez manifestó que esta situación no es responsabilidad del OFS, sino que se debe a que “los ayuntamientos no han entregado sus estados financieros, por lo cual no podemos cumplir con esta obligación. Nosotros no podemos emitir un dictamen diciendo que omito mi opinión porque no tengo toda la información, tenemos que recabar todos los datos y sólo así lo entregaremos”.
El funcionario reconoció que existe el interés del pleno de la LIX Legislatura por avanzar en el proceso de fiscalización y “que no pase como con los anteriores diputados, pero tendrán que esperar un poco más con la finalidad de que nuestros dictámenes cuenten con todos los requisitos legales”, asentó.
