Es más, el Sistema de Ahorro Poblano cuenta con 19 sociedades, conocidas como Unidades de ahorro y préstamo” que operan sólo entre los socios, ubicadas en las sierras Norte, Nororiente y la región de Izúcar de Matamoros, pero los fondos son administrados sin la intervención de funcionarios o Rubén Gil.
Asimismo, el funcionario confirmó que desde un inició contó con información sobre el proceso judicial que se sigue contra Rubén Gil Campos por su presunta participación en la distribución de 11 kilogramos de cocaína, y si no lo dio a conocer fue por la negativa de los familiares del munícipe, según se desprende de copias del informe.
Sin embargo, a una semana de haberse presentado el informe de la Secretaría de Gobernación estatal sobre el caso Rubén Gil, integrantes de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales dijeron desconocer su contenido debido a que la fracción del Partido Revolucionario Institucional se ha negado a proporcionar una copia del documento.
Los diputados locales, de hecho, se enteraron de la misiva por los medios de comunicación, lo cual calificaron como “una burla”.
El diputado local del Partido de la Revolución Democrática Melitón Lozano Pérez informó que es evidente que el caso de Rubén Gil “está lleno de vicios, irregularidades, falta de información precisa, no se cuando obrará con mayor responsabilidad”. Apuntó que no ha tenido acceso a este informe, lo cual constituye una “falta grave”, además de que la Comisión de Gobernación no ha citado a los diputados locales a discutir el caso o informar sobre el contenido de la misiva de la Se cretaría de Gobernación.
“El ocultamiento de información no nos permite la toma de decisiones adecuada para un problema que sigue latente. Tendré que solicitar por escrito para tener acceso al informe”, puntaulizó.
Recordó que en su caso ha presentado cinco puntos de acuerdo para hacer frente al caso de Rubén Gil, pero ninguno ha sido resuelto por completo. Indicó que la auditoría que el Órgano de Fiscalización Superior al ayuntamiento de Izúcar de Matamoros se encuentra “empantanada” a pesar de que usualmente dichas investigaciones no dilatan más de tres días como máximo.
El Instituto Electoral del Estado de Puebla, agregó, sigue sin dar respuesta a la solicitud del Congreso del estado de convocar a elecciones extraordinarias en el municipio de Izúcar de Matamoros. Además, de que no ha tenido acceso al contenido del informe del secretario de Gobernación.
El informe s e marras
El pasado 21 de abril, Mario Montero Serrano envió al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso un informe donde da respuesta sólo a tres peticiones de información presentadas por las fracciones del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
En primer lugar, el funcionario abordó la participación de la Comisión Estatal de Atención al Migrante Poblano en el caso de Rubén Gil Campos. Allí, el titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que siete días antes de conocerse la detención del munícipe, Carlos Olamendi, titular de la comisión, se encontraba en Estados Unidos, por eso se le pidió intervenir en el caso.
Mario Montero Serrano reconoció que desde un inicio supo de la detención de Rubén Gil Campos, pero la decisión de no revelar la información se debió a una petición expresa por parte de los familiares del alcalde.
En su misiva, además, rechaza cualquier participación del presidente municipal con licencia en las cajas de ahorro que opera el Sistema de Ahorro Poblano, puesto en marcha por el gobierno del estado. Sin embargo esa respuesta representa una flagrante contradicción con la información oficial difundida por la Secretaría de Desarrollo Social.
En un boletín de prensa, fechado el 31 de mayo de 2007, la SDS informó sobre la puesta en marcha de la primera caja de ahorro con aportaciones de empresarios migrantes, entre los que se encontraba Rubén Gil Campos, Félix Gutiérrez y Enrique Moctezuma, quienes entregaron la cantidad de un millón de pesos.
A la par, Mario Montero Serrano abordó el tema de un predio presuntamente otorgado por el entonces secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala, al empresario migrante para la instalación de la empresa “Auténtico 5 de Mayo”. El inmueble, explicó, albergó a la antigua fábrica Matamoros Garmet, pero se instaló sin que hubiera un cambio en el uso de suelo ejidal.
No obstante, explicó que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, firmó un convenio con un grupo de empresarios que encabezaban dicha empresa para aportar 3 millones de pesos para la instalación de un centro de acopio y comercialización en ese lugar en una superficie de 6 hectáreas, la cual no ha podido concretarse porque la Federación no ha emitido el título de propiedad.
